Prisión preventiva y apertura de investigación por abuso sexual contra un sujeto de veinte años detenido en la provincia de San Luis
El juez Alejandro Rosales, formalizó la investigación preparatoria de juicio contra un sujeto de veinte años, imputado como presunto autor de abuso sexual simple y abuso sexual agravado. Asimismo, por pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado, dictó la medida de prisión preventiva contra el sospechoso por el término de tres meses. También ordenó el traslado del detenido a la circunscripción judicial de Sarmiento.
En la ocasión, la fiscal general Laura Castagno, relató los tres hechos denunciados. En este sentido, refirió que los casos se habrían registrado a mediados del mes de mayo. En este sentido, agregó que los abusos se registraron en el domicilio de una de las víctimas.
Luego, la investigadora requirió un plazo de seis meses para concluir la investigación. Por otra parte, peticionó la identificación completa del sospechoso. También solicitó la aplicación de la media de prisión preventiva por un plazo de tres meses.
En este marco, mencionó que cuentan con elementos de convicción suficiente para sostener con el grado de probabilidad requerida en esta etapa, que el detenido es el autor de los hechos que investigaran. Asimismo, se refirió a los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
A ello, agregó que el imputado no tiene arraigo en esta localidad. Luego, mencionó que, al momento de ser notificado de diversas medidas judiciales, el imputado se había trasladado a las provincias de Mendoza y San Luis. Castagno, también hizo referencia a la gravedad del hecho y la pena en expectativa. Por último, solicitó que se declare legal la detención del procesado.
En este contexto, el detenido utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso, pero no acepto recibir preguntas por para de la fiscalía.
A su turno, el abogado defensor Marcelo Catalano, realizó un pedido de nulidad de la detención de su asistido. Sus fundamentos, se basaron en que el imputado no tenía ninguna notificación de su situación procesal.
Por otra parte, manifestó que no se opondría al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio. En tanto, se opuso al pedido de aplicación de la prisión preventiva. Sus argumentos fueron que el pedido efectuado por los investigadores, carece de argumentación suficiente y suficiencia en prueba.
En este contexto, consideró que si se puede establecer las modalidades de fijar el domicilio y la prohibición de que se acerque a la localidad de Sarmiento.
Finalmente, el juez Rosales, analizó y explicó los planteos de los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
En consecuencia, ratifico la orden de detención emitida e hizo lugar a la declaración de legalidad. Por otra parte, resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra el imputado, en orden a los hechos presentados y la calificación legal provisoria escogida por la fiscalía. También otorgó el plazo de investigación requerido. Asimismo, autorizó la petición de borrar las publicaciones realizadas por el imputado en redes sociales, y que están vinculadas con el caso.
Con relación a la medida de coerción solicitada, el magistrado, consideró que se encuentran presentes los elementos que permiten fundamentar el pedido. En consecuencia, dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva por el plazo de tres meses. Así las cosas, ordenó el traslado del detenido a la circunscripción judicial de Sarmiento.
En la audiencia de control de la detención, la fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y el funcionario Ezequiel Castro Albornoz. El imputado, participó de la audiencia desde el Juzgado de Garantías de la provincia de San Luis y recibió el asesoramiento legal del abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Marcelo Catalano. También asistió al acto judicial el Asesor de Familia, Tomás Malerba. Asimismo, estuvieron presentes los familiares de las víctimas.
¿Por qué los chicos tardan en contar que están siendo abusados?
La guía elaborada por UNICEF para tomar acciones y proteger a los niños y niñas del abuso sexual infantil, refiere una serie de motivos que garantizan el “secreto”:
- El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte.
- Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia.
- Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron.
- Evitan ser estigmatizados y rechazados.
- Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.
- Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: carecen de interlocutores válidos dispuesto a creer en sus palabras.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y operadores judiciales, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.
Educación Sexual Integral (E.S.I) como modo de prevención y protección
Hablar de conocimiento y cuidado del propio cuerpo, formar a los niños y adolescentes en sexualidad, ofrece un marco de referencia, claridad, mayor confianza en sí mismos, conocimiento de sus derechos y, entre otros aspectos, los habilita a hablar con mayor naturalidad de lo natural y también a identificar sin dudas y denunciar lo que no lo es.
La denuncia
Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado.
Qué hacer
Romper el secreto. Al tomar conocimiento de una situación de abuso es importante resguardar la seguridad físico-psíquica de la víctima. El modo de hacerlo es aportando inmediatamente esa información a la justicia, para que se activen los protocolos de abordaje.
El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D) cuenta con profesionales especializados en la temática que acompañarán en el proceso al niño o niña y los adultos de referencia. En Sarmiento, las oficinas del S.A.V.D, están ubicadas sobre la calle 28 de julio n°430. El teléfono de contacto es (0297) 4898327.
