Una extensa jornada se vivió en la sala de audiencias de la cámara del crimen, situada en el sexto piso de tribunales, que dio comienzo a las 9,30, extendiéndose hasta las 14,55 con un cuarto intermedio al mediodía de media hora, donde los defensores de los policías condenados hicieron uso del derecho de apelación y presentaron un pedido de impugnación  a la sentencia emitida el 17 de julio de este año, mediante la cuál se declara culpables de homicidio calificado a Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba y se les impone una pena de prisión perpetua, en tanto a Carlos Sandoval le corresponderían tres años en suspenso por encubrimiento agravado, por el hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2010, donde resultara víctima el joven Gonzalo Julián Antillanca.

  Los doctores Fabián Gabalachis y Gustavo Castro enfatizaron ante los Jueces que observaban falencias y arbitrariedades por parte de quienes integraron el tribunal de enjuiciamiento, Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Di Biase, pero reiteraron también la presunta violación constitucional, al ser juzgados sus clientes en dos oportunidades por un mismo suceso. Solicitaron la nulidad de lo sentenciado, a partir de la falta de temporalidad en el proceso investigado, señalando que desde la parte acusadora no se tuvo en cuenta el horario de la muerte de Julián, siendo que a través de todos los testimonios difieren en cuanto al momento en que se produjo.

  Repasando prácticamente todo el transcurrir de lo que fue el juicio oral y público, los abogados insistieron en pedir que se declare nulo el procedimiento por el cuál se realizó la pericia del patrullero 234, sindicado como el que trasladó el cuerpo de la víctima y desde donde dicen haber reconocido a Solís ser uno de los que lo bajaba y depositaba en la calle. En ese sentido, pusieron en crisis los testimonios principales de Jorgelina Domínguez y Daiana Monsalves, aseverando que la primera de las mencionadas miente con alevosía, no siendo tampoco veraz lo manifestado por la segunda de las nombradas.

   El Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por el fiscal jefe Arnaldo Maza, rechazó cada una de las cuestiones traídas al recinto por los defensores, detallando pormenorizadamente los hechos de acuerdo a la acusación tenida en cuenta, a la vez que dio cuenta de una denuncia efectuada en las últimas horas por una persona en la seccional segunda, donde pone en duda los dichos de Domínguez, la que puso a disposición de las partes para su consideración. Sin embargo, la defensa desestimó la posibilidad de utilizarla para su estrategia, resaltando la objetividad puesta de manifiesto por el fiscal.

    Los integrantes de la defensa pública que actuaron como querellantes, Germán Kexel y Juan Manuel Salgado se explayaron en la respuesta a cada uno de los puntos esgrimidos por los abogados particulares, haciendo uso de muchos antecedentes para refutar el hecho del posible doble juzgamiento, teniendo en cuenta que la sentencia del primer juicio llevado adelante en 2012 nunca estuvo firme. Salgado rescató la veracidad de la deposición de la testigo clave, lo que se pone en evidencia en los votos dados por los magistrados, no solo del últmo juicio, sino también de la sala penal del Superior Tribunal, refiriéndose en ese aspecto también a las valoraciones dadas a las pruebas presentadas en su momento.

  En algún momento, el referente de la defensa pública, ahora querellante, llegó a expresar que se había escuchado de la otra parte una serie de inexactitudes, mentiras y falsedades, lo que fue replicado enfáticamente por los defensores, siendo el momento más tenso entre los participantes.

  De todos modos, ante una sala con bastante público presente, las expresiones de César Antillanca, padre de Julián, en primer término, y de los policías condenados después, generaron un clima que llevó a que se produzcan algunas intervenciones por parte del presidente del tribunal para que no volvieran a referirse a cuestiones ya planteadas por las partes técnicas. Así, César Antillanca en primer término aludió a lo que sufre su familia, enrostrando la autoría a los policías acusados, señalando que después de cinco años los traen a pasar otra vez por este momento miserable.

  Martín Solís elogió lo decidido por los jueces Defranco, González y Servent durante el primer juicio, quienes no hicieron lugar a la presión social y dijo, supieron tomar la resolución adecuada, leyendo parte de aquella sentencia, criticando a los doctores Barrios, De Biase y Arguiano, quienes resolvieron la culpabilidad. Jorge Abraham insistió en la inocencia de los tres, y pidió que se escuchen bien todos los testimonios, indicando que ellos mismos habían llevado adelante una investigación al respecto, mientras que Laura Córdoba y Carlos Sandoval remarcaron que ellos también quieren la verdad.

   El cuerpo colegiado, conformado por Martín Montenovo de Comodoro Rivadavia, Nelly García de Esquel y Rafael Luchelli, perteneciente a la jurisdicción de Puerto Madryn, comunicó que la resolución la darán a conocer el 23 de noviembre a las 9, tomándose el plazo de diez días hábiles, para evaluar todos los elementos incluidos en el juicio oral y público que terminó con la condena de los policías, de la cuál la defensa pide su impugnación y la parte acusadora la respectiva confirmación.