En una extensa audiencia realizada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, el Juez Sergio Piñeda resolvió que permanezcan en prisión preventiva tres de los involucrados en la  causa mediante la cuál se investiga la muerte de Mauro Castaño, luego que el 7 de febrero de 2015 se produjo un incendio en la celda de contraventores de la seccional primera, causando graves quemaduras a Mauro Castaño, afectando el 70 por ciento de su organismo, lo que a la postre y luego de una larga agonía en el hospital zonal, derivó en su deceso.

Solicitud defensiva

  La mayor parte de la audiencia de hoy, una revisión solicitada por defensores, se debió a que justamente éstos ocuparon la mayor parte argumentando la necesidad que sus defendidos sean puestos en libertad, tras haberse programado el juicio oral y público recién para el 30 de noviembre próximo. Javier Allende, defensor de Darío Guzmán, enfatizó sobre las violaciones a diversas normas provocadas por esta situación, mencionando la convención interamericana de derechos humanos, la constitución provincial y el código de procedimientos, atacando a la voluntad estatal que perjudica los derechos de su cliente, detallando que el 15 de diciembre del año pasado se efectuó la audiencia preliminar, programándose luego el debate para el 28 de abril, mas adelante para el 3 de mayo, luego para el día siguiente, definiéndose finalmente por la oficina judicial la fecha del 30 de noviembre, por lo que se viola el artículo 300 del código procesal que dispone 48 horas para la fijación de las fechas que deberían ser nunca antes de los 10 días ni posterior a los 30 días, luego de la audiencia preparatoria.

  Quien defiende a Luis Javier Frías, subcomisario detenido por el caso, Gustavo Latorre habló sobre la razonabilidad en la extensión de una medida de coerción, mas allá de los peligros procesales, manifestando que la excesiva duración de una prisión se termina convirtiendo en un cumplimiento de pena sin juzgamiento, aclarando que su defendido al 30 de noviembre próximo cumpliría un año y cuatro meses de tal medida, responsabilizando de ello a una medida operativa del sistema judicial, de lo cuál Frías resulta totalmente ajeno. Tanto Allende como Latorre solicitaron la libertad inmediata de Guzmán y Frías, para esperar en esas condiciones la realización del debate.

  A su turno, Marta Sánchez, defensora de Darío Javier Acosta Farías Díaz , adhirió a lo alegado por sus colegas, pidiendo la libertad del imputado, aunque aclarando que en caso que el magistrado decida lo contrario, se tenga en cuenta la morigeración de la prisión preventiva por un arresto domiciliario.

Argumentos fiscales

  El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Jefe Silvia Pereira, acompañada por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, expresó que las defensas traen como un hecho nuevo lo que es una mera cuestión administrativa, por lo que debería analizarse como impacta esto en los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Sucede que por la subsistencia de estos riesgos la medida ya ha sido convalidada por seis jueces de esta circunscripción, mediante respectivas revisiones pedidas oportunamente, habiendo tenido en cuenta la gravedad de lo sucedido y la proporcionalidad de acuerdo a la pena que se espera.

  Consideró la doctora Pereira que no hubo desidia de la oficina judicial, acordando en todos los casos las partes las justificaciones esgrimidas y remarcó que la nueva programación del juicio no afecta el plazo razonable, para dar lectura luego a una amplia normativa de la comisión interamericana de derechos humanos y de la corte suprema de justicia, que fija como términos exigidos las dos terceras partes de una posible condena en los casos de medidas de coerción. En estos casos los plazos para Guzmán sería a los cinco años, mientras que Frías y Acosta lo cumplirían a los tres años, cuando para la realización del juicio el primero de los mencionados estaría en el año y ocho meses, y los dos restantes un año y cuatro meses. Pidió la fiscal la mantención de la prisión preventiva y el rechazo del planteo defensivo, dando a conocer además algunos casos como antecedentes similares.

Oficina Judicial

  Una particularidad se dio cuando el doctor Sergio Piñeda convocó a la directora de la oficina judicial, Sandra Binder, para completar el panorama brindando la información respecto a los motivos que llevaron a la designación de esta nueva fecha de juicio, explicando la funcionaria que los jueces que integran el tribunal, doctores De Biase, González y Servent, están involucrados alternadamente en juicios que cuentan con detenidos, al menos dos por cada mes, contándose además las licencias y cuestiones particulares, encontrándose recién disponible el 30 de noviembre. Destacó que hubo consultas para obtener el concurso de jueces de otras jurisdicciones, cosa que fue imposible obtener.

Resolución

  Luego de un cuarto intermedio el Juez indicó que se presentaban dos cuestiones: una procesal y otra administrativa. La primera tiene que ver con la libertad que piden los defensores, mientras que la administrativa corresponde a la oficina judicial quien dispone la fijación de audiencias.

   Dijo el magistrado que debía abocarse a la procesal, aunque se mezclan las dos cuestiones aludidas. En ese sentido, refirió a que se mantienen los peligros procesales por los cuales se dictó en su momento la prisión preventiva, teniendo los delitos endilgados una pretensión punitiva que sería de cumplimiento efectivo, por lo que con estos parámetros y el tiempo de detención no se puede hablar de un anticipo de pena, siendo el tiempo de permanencia razonable.

   Señaló que la parte administrativa no es competencia de este magistrado, resultando razonable, conforme a derecho y no se está violando el debido proceso penal ni el derecho a defensa de ninguno de los implicados, para resolver el mantenimiento de la prisión preventiva de los tres acusados, tras lo cuál el doctor Allende pidió la revisación de esta determinación por dos nuevos jueces, lo que se llevaría adelante en las próximas horas.

    Se imputa a Darío Guzmán por incendio estragoso seguido de muerte, artículo 185 inciso 5 del código penal, con una pretensión punitiva de 15 años de prisión mas la declaración de reincidencia. En tanto, los policías Luis Javier Frías y Darío Javier Acosta Farías Díaz, cumpliendo prisión preventiva, son acusados por abandono de persona agravado por el resultado de muerte, en concurso real con violación de los deberes de funcionario público, artículos 106, inciso 1ro. y último párrafo, 248, 249 y 55 del código penal, con una pretensión punitiva de 8 años de prisión. También están imputados Jorge Cárcamo, Víctor Pavón y Diego Correa, involucrados por violación de los deberes de funcionario público, artículos 248 y 249 del código penal, con una pretensión punitiva de prisión en suspenso.