En intensas jornadas

En el tercer piso de los Tribunales de Trelew continúa desarrollándose el Juicio Oral y Público donde están acusados el ex intendente de Rawson, Luis De Hernández y el ex Secretario de Hacienda de aquella gestión, Magín Ventura, por violación a los deberes de funcionarios públicos, artículos 173, inciso 7, 174 inciso 5 y 45 del Código Penal, existiendo además una acusación alternativa por abuso de autoridad, de acuerdo a los arts. 248 y 45 del mismo Código. Los delitos surgen, según lo presentado por el Ministerio Público Fiscal a través del Fiscal General, Dr. Arnaldo Maza y el Funcionario de Fiscalía, Dr. Rodrigo Freire Méndez, a partir del dictado de resoluciones que violan leyes y ordenanzas, por parte de Luis de Hernández, y al haber refrendado las mismas el ex secretario Magín Ventura., en relación con supuestos servicios prestados por el profesional Miguel Castillo a la Municipalidad. La misma acusación habla de la intención sostenida por los ex funcionarios para lograr un lucro indebido cuando entre el 4 de noviembre de 2003 y el 9 de diciembre del mismo año, se ordenó la salida ilegal de 373.842, 24 pesos por supuestas  obligaciones asumidas en beneficio de Castillo, quien falleció posteriormente.

• MAGIN VENTURA

Hasta el momento se están tomando los testimonios a quienes fueron convocados por las partes, destacándose que en la segunda de las jornadas de esta audiencia de debate, pidió declarar uno de los acusados, Magín Ventura, quien comenzó hablando de su trayectoria pública municipal en distintos cargos, aclarando que nunca colaboró con ningún accionar delictivo y menos aún en este que hoy se le imputa. Reconoció haber firmado las resoluciones, indicando que las mismas posibilitaron el ingreso de mas de tres millones de pesos saldando una deuda de la provincia con el municipio cuya existencia data de catorce años. En una extensa alocución, el también ex intendente historió sobre las diferentes circunstancias por las cuales habría atravesado el municipio en sus diferentes gestiones, remarcando el esfuerzo realizado por distintos funcionarios, él inclusive, para negociar sobre esas deudas pendientes. Expresó que el convenio firmado entre la Provincia a través de Lizurume y Capraro y la Municipalidad, mediante De Hernández se concretó el 2 de diciembre de 2003 por un importe de 3.115.349 a favor de Rawson, incluidos los descuentos por varias obras llevadas adelante, agregando que el 50 por ciento ingresó en la gestión del otro acusado, en tanto el resto se habría efectivizado en cuatro cuotas iguales durante la intendencia de Planas. Preguntado concretamente sobre convenios , admitió su participación en la firma para contratar a la consultora Exante, asumiendo que le consta la tarea que habría desarrollado en ese sentido la asesoría legal, para confirmar que en septiembre de 2002 ya existían instrucciones para la contratación de Miguel Castillo, mientras que  la contratación de la empresa Exante se realizó por resolución 192 el 14 de mayo de 2003. De acuerdo a sus palabras, habría existido dictámen de asesoría legal a cargo de Monesterolo, aclarando que estas determinaciones podían no ser vinculantes. Por otro lado, el vínculo con Exante se habría efectuado por una contratación directa, debido a las urgencias de tiempo, exigidas por el juez Del Cunto, según mencionó. Definitivamente el acuerdo con Miguel Castillo se rubricó el 4 de noviembre de 2003, explicó Ventura, agregando que no vió información escrita que verificaran las instrucciones brindadas en tal sentido en septiembre de 2002, mas allá que en el propio convenio “de éxito”  figure esta situación y  mencionó a Daniel Vitale como profesional subcontratado por el propio Castillo para el estudio de los cruces de deuda.

• HABLA PLANAS

El ex intendente de Rawson,  quien promovió la denuncia derivada en este Juicio, fue el primer testigo de parte, señalando haber asumido al frente de la municipalidad el 11 de diciembre de 2003, designando al frente de la secretaría de Hacienda al contador Hugo Paverini. Este le planteó la posibilidad de irregularidades que se pudieron constatar en una determinada contratación arribando a la necesidad de presentar la denuncia correspondiente. Ante una consulta, manifestó que el mismo 11 de diciembre la secretaria de Gobierno, María Rosa Evans le pidió 20 pesos y sumando 20 mas que puso ella se pudo comprar lavandina y papel higiénico para el baño del personal, ilustrando de esta manera el estado en que financieramente estaba el organismo municipal. Del mismo modo, refirió haber tenido que afrontar gastos hasta el punto de tener que efectuar una convocatoria de acreedores, incluso aquellos que no guardaban las formas administrativas correctas. Habló también sobre los cheques diferidos, cosa que no se acostumbraba a utilizar en la administración, y a los cuales debió hacer frente en su gestión. Remarcó que se debió dictar una resolución prohibiendo el pago en ese sistema, destacando una deuda de un millón de pesos aproximadamente en estas formas. Sobre este particular, ante preguntas de la defensa, aclaró que no esta prohibido el uso de cheques diferidos pero no era práctica habitual. Vinculó a Miguel Castillo como director de sumarios de la Provincia, y dijo que personal municipal encontró en un cuarto un contrato de cesión de derechos con honorarios percibidos por Castillo a una empresa representada por un señor Drach, muy similar a otro que cedía fondos a Héctor Febrero. Por otro lado, se le preguntó si también se prohibía la contratación de funcionarios públicos para ejecutar cobro de deudas, a lo que Planas respondió que existe una Ley de Etica regulando esta situación, la cuál no permite esta situación. En otro tramo de su deposición, indicó que a poco de asumir debió pedir al Concejo Deliberante un incremento presupuestario, que finalmente le fue otorgado.

• EL ASESOR MONTENEGRO

Posteriormente fue convocado el testigo Mauricio Montenegro, que integró el sub área de asesoramiento integral, dependiente de la asesoría letrada, a cargo en aquel momento de Miriam Fernández. Describió la situación financiera como desastrosa, con mucha falta de insumos para su trabajo y resaltó el desfile incesante por aquellos días de los proveedores con acreencias. Dijo que la denuncia penal presentada finalmente fue trabajada junto a Andrea Aguilera y sobre el convenio de reconocimiento de honorarios, expresó que habían escuchado hablar sobre la existencia de otras personas involucradas detrás de estos pagos. Ratificó el reclamo efectuado por el señor Drach, mediante documentación hallada, aunque afirmó que la firma de éste aparentaba haber sido falsificada, lo que venía a confirmar los rumores que se daban en torno a este tema, de otros destinatarios del dinero. Mas adelante efectuó manifestaciones referidas a su relación con Castillo, ya que en algún momento trabajaron juntos en la Dirección de Sumarios, expresando que le advirtió sobre la presentación penal, a lo que el profesional habría contestado: “hacé lo que tengas que hacer”, aún demostrando su disconformismo. Luego, siempre en respuesta a las consultas, dijo haberle resultado extraña la contratación de Castillo y la celeridad con la que se libró la orden de pago sin crédito presupuestario, ratificando que la firma del convenio se efectuó a las 20,10 del 10 de diciembre, un día antes de entregar el municipio a las nuevas autoridades. Asimismo, señaló que no pudo verificar el pago, sino el compromiso del mismo por parte de la provincia a la Municipalidad de Rawson, incluyendo los honorarios referidos. Finalmente dejó entrever que el convenio no se veía irregular, pero que luego, cotejado con ciertos hechos saltan a la luz las irregularidades, contrastando con ordenanzas municipales, a las cuales no se ajustaba.