Carlos Martín Ramos, un subdelegado del gremio de la construcción, acusado de homicidio en perjuicio de Sergio Hugues, deberá permanecer detenido en un domicilio, al menos mientras lo recomienden los informes médicos, aunque el término impuesto para la medida de coerción es de un mes, según lo determinó la Jueza Ana Laura Servent en una audiencia de revisión.

  El nuevo defensor, Fabián Gabalachis, quien reemplaza a Matías Cimadevilla por decisión del imputado, expuso sobre las dificultades físicas de su cliente, plasmadas en los informes del médico forense, dr. Nacarato y quien lo atendió en el hospital zonal, dr. Boyd, en el sentido de sugerir la posibilidad de una atención permanente, la que se obstaculiza en dependencias de la alcaidía policial.

  El Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria de fiscalía Claudia Ibáñez, ratificó los riesgos procesales existentes de fuga, a partir de la gravedad del hecho y la expectativa de pena, y el entorpecimiento, dando cuenta de la apertura de dos causas donde se imputa a familiares de Ramos como autores de amenazas contra testigos. A partir de estos argumentos, pidió la continuidad de la prisión preventiva.

  La doctora Servent, en su resolución, manifestó que acordaba con el Ministerio Público sobre la mantención de la prisión preventiva, aunque debía hacer lugar a los informes médicos respectivos, para disponer la detención en forma domiciliaria mientras no esté en condiciones de permanecer en la alcaidía, aunque ordenará su inmediato retorno a esa dependencia en caso de poder hacerlo y si así lo informan los profesionales.

  Por otro lado, determinó la realización de rondines policiales diarios y sorpresivos en el domicilio fijado para la permanencia de Ramos, quien se encuentra inmovilizado a raíz de una lesión en su rodilla derecha. Sin embargo,  se había dispuesto una audiencia para que sea presentada la persona que asumía la responsabilidad del control de la medida.

  En la audiencia de control, llevada adelante hace 20 días, el sindicalista confesó haber sido autor de la muerte de Hugues, asestándole una puñalada, aunque lo consideró un accidente al justificar que el cuchillo lo habría tenido en su poder quien luego resultó víctima, si bien reconoció haber perdido la noción y no saber que había pasado.

  También en esa audiencia no se hizo lugar a la pretensión de utilizar los fueros sindicales para evitar la prisión preventiva, tras haber quedado comprobada la materialidad y autoría del hecho, confesada por el propio involucrado. La calificación jurídica del delito endilgado es la de homicidio, en el marco del artículo 79 del Código Penal, procediéndose a la apertura de investigación a cargo de la fiscal general jefe Mirta Moreno.