La Jornada de hoy de la Audiencia Oral y Pública conocida como Megacausa, contó con el testimonio brindado por dos contadores públicos, integrantes de la empresa Associated Auditors, consultora encargada por el propio Banco para efectuar auditorías en la casa matriz, entre los años 1998 y 2003. Se trata de los contadores Mariana Erika Alonso y Sergio Ramiro Krieger, quien además actualmente se desempeña como presidente de la mencionada institución privada. Sin embargo, las preguntas que debían efectuar los abogados defensores y los propios imputados quedaron truncas, luego de efectuar una solicitud el Dr. Raúl Heredia, para que el Banco del Chubut S.A. envíe el contrato vigente en la actualidad, mediante el cuál está prestando servicios la misma consultora. Esto fue puesto en conocimiento a partir de consutas hechas por el Dr. Romero, a las que Krieger respondió haciendo saber que hace tres meses la empresa realiza otras auditorías en el Banco, diferentes a las realizadas en su momento. Fue allí donde el Dr. Heredia realizó la solicitud al Tribunal presidido por el Dr. Portela, indicando que el testigo habría cometido una omisión al no informar tal situación, pudiéndole caber las generales de la Ley, al tener vínculo con el Banco, lo que puede ser grave. De todas maneras, el mismo testigo expresó que no ha cometido ningún delito y nada lo une al Banco, mas allá del contrato laboral, en tanto los fiscales daban a entender que cuando se consulta por las generales de la ley, es en relación con los imputados por esta causa. El Dr. Portela hizo lugar al pedido de las defensas, procediendo a efectuar la solicitud al Banco del Chubut, sumándose el Dr. López Salaberry, quien también pidió la declaración de los dos contadores en copia certificada. Luego de esto, los magistrados intentaron continuar con la Audiencia, dada la presencia de dos nuevos testigos, también contadores, lo que recibió la impugnación por parte de las defensas, entendiendo el cambio de planes sorpresivo del Tribunal para con la continuidad del Juicio. Luego de alguna corta deliberación, finalmente se resolvió pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las ocho horas, en el afán de lograr la exposición de los testigos citados para esta semana. En tanto, las deposiciones efectuadas por los testigos hoy, dieron cuenta de las observaciones efectuadas en su momento para con el proyecto inmobiliario adquirido por el Banco, en ocasión de cancelar la deuda de Aridos Fontana. Tanto Mariana Alonso, como Krieger manifestaron haber presentado las mismas en relación con la imputación de terrenos recibidos del cliente del Banco como parte de pago de una deuda, es decir que la valuación de mas de ocho millones de pesos fueron imputados en bienes diversos, cuando en realidad debió haberse hecho en bienes tomados en defensa del crédito. En ese sentido mencionaron que el monto era de entre ocho y nueve millones de pesos, compuestos por dos componentes: los terrenos por un lado (cerca de dos millones) y el compromiso de urbanización u obligación de hacer por el otro (seis millones de pesos). La deuda se canceló y se imputó en bienes diversos, pero los terrenos no valían, había un riesgo de sobrevaluación, lo que deparó un intercambio de opiniones con el Banco. Las incertidumbres que planteaba la operación estaban centradas fundamentalmente en la falta de capacidad de la empresa para llevar adelante la obra comprometida. La consultora no pudo obtener los elementos necesarios para medir esa capacidad. Ambos profesionales recordaron que no existía regulación sobre estas formas en el Banco Central de la República Argentina, y sugerían efectuar consultas al respecto a la entidad madre sobre la operación contable. Normalmente el Banco no se dedicaba a este tipo de actividades, remarcando Krieger en este aspecto que la Ley de Entidades Financieras no permite desarrollar actividades por cuenta propia. Por su parte, la contadora Alonso dijo en parte de su exposición, ante las preguntas de las partes, que mas allá de previsiones, el elemento principal lo marcaba la demostración de capacidad de pago, en este caso basada en el cumplimiento con la obligación de hacer y esa falta de capacidad es la que se observó a través de los informes, si se tiene en cuenta la insuficiente documentación que poseía el Banco sobre el particular, además de estar clasificado el cliente Aridos Fontana como incobrable. De tal forma, se  realizaba un seguimiento periódico, y agregó que una hipoteca de tercer grado no es considerada como garantía, menos si el Banco no presenta las de primero y segundo grado, cosa que no pudo aseverar.