La determinación fue comunicada por el Juez José García, en una audiencia de revisión, donde se evaluó la medida de coerción que venían cumpliendo cinco integrantes de la fuerza pública, involucrados en lo sucedido el miércoles 18 de enero de este año, resultando principal perjudicado un menor de 16 años.

Fiscalía y querella

  El Fiscal General Arnaldo Maza se encargó de informar por la Fiscalía, dando a conocer que ayer fue presentada la respectiva acusación, tras la cuál deberá decidirse en audiencia preliminar la posibilidad de elevar la causa a juicio oral y público. Habló el Fiscal, que se encontraba acompañado por las Funcionarias de Fiscalía Claudia Ibáñez y Verónica Van Vliet, sobre el esfuerzo realizado por el Ministerio Público al efectuar la señalada presentación en solo dos meses y medio, confirmando los extremos esgrimidos al momento de realizarse la audiencia de control, donde se resolvió la detención de los imputados, además de medidas para otras cuatro personas en la misma condición.

  Se expuso acerca de la confirmación del riesgo procesal de fuga, considerado en su momento por el Juez para su resolución, entendiendo que se profundiza acerca de la gravedad y característica del hecho, teniendo en cuenta que el injusto fue cometido por funcionarios públicos. Por otro lado, se trajo a colación la muerte de quien fuera testigo, Bruno Rodríguez Monsalve, siendo esta una muestra del riesgo de entorpecimiento, aún siendo solo una mera hipótesis que no puede ser catalogada como algo concreto, aunque tampoco debería descartarse como tal.

  Existen testigos con nombre y apellido, además de sus direcciones, que pueden tener el temor lógico ante estas circunstancias, habiendo ya actuado en ruedas de reconocimiento y debiendo deponer en una futura audiencia de debate. Mas allá de otras consideraciones, tanto la Fiscalía como la querella particular, en la persona del defensor público Sergio Rey, apoyados por la Fiscalía de Estado, representada por Eduardo Díaz, estuvieron de acuerdo en pedir la continuidad de la prisión preventiva, rechazando de antemano cualquier otra medida, incluyendo el arresto domiciliario.       Cabe destacar que se encontraba presente también el asesor de menores Pablo Rey junto al padre de quien resultara víctima, quien también pidió la continuidad de la prisión preventiva, a instancias del querellante.

Defensas

  Los defensores se explayaron para explicar la posición acerca de cada uno de sus clientes. Así el abogado Carlos Del Mármol, como patrocinante del agente Mario Bevacua y el cabo primero Aníbal Muñoz, solicito la libertad de sus defendidos, aunque subsidiariamente ofreció domicilios para una posible medida en ese sentido. De la misma manera fue hecha la solicitud de los defensores públicos Carlos Pericich y Lisandro Benítez, en representación de Carlos Pato y el cabo Carlos Treuquil, mientras lo propio esgrimio el abogado Fernando Comineti para con su cliente, el suboficial subinspector Adolfo Carvallo.

   Para llegar a esta solicitud los defensores intentaron deslindar la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados, aunque el doctor Pericich fue quien mas tiempo utilizó, achacando al Ministerio Público Fiscal no permitir la observación completa de las pruebas, refiriéndose inclusive a la importancia o trascendencia dada a las mismas.

Réplica

  Esto fue replicado por el Fiscal General Arnaldo Maza, quien manifestó que la defensa hace hincapié en las objeciones interpuestas por la Fiscalía a un pedido de aclaraciones sobre algunos puntos de la pericia médica y ginecológica, entendiendo que se trataba de una nueva pericia en forma encubierta. También remarcó que la Fiscal Tolomei señaló en su momento la importancia de los exámenes genéticos, aunque también había dicho que se presentaría la acusación aún sin esos resultados, cosa que finalmente ocurrió. Respecto a alguna alusión hecha por el abogado particular Comineti, sobre la imposibilidad de contraponer argumentos al anticipo jurisdiccional de prueba efectuado por Bruno Rodríguez Monsalve, recordó que al momento de efectuarse el interrogatorio, los mismos policías efectuaron preguntas al declarante.

La resolución

  El doctor José García, quien en principio dió un cuarto intermedio de una hora, extendiéndose finalmente a dos, indicó que no pensaba que iba a necesitar verificar audios y datos de anteriores audiencias, para llegar a toma una resolución. Enfatizó que tal revisión cuenta con el apoyo de los testimonios recogidos durante las ruedas de reconocimiento, principalmente de la víctima, así como la cámara gessel del menor, donde menciona a los policías que habrían estado en el momento del abuso en el calabozo, dando fé sobre sus dichos, reafirmados por estudios sicológicos que hablan de la inexistencia de fabulación.

  Por otra parte, instó al médico forense y a la perita médica a contestar los puntos donde la defensa pide aclaraciones, exigiendo que el próximo lunes esto se realice por escrito, incluyendo las dudas que pudieran existir sobre las consultas que pueden contestarse y cuales no. Bregó por asumir una responsabilidad de parte de los funcionarios para llegar a la verdad, remarcando que hay una víctima menor, hoy representada en la sala por el padre siguiendo todos los pasos que se dan en esa búsqueda, aún con el dolor de lo sucedido.

Arrestos

  Luego de varias consideraciones decretó el arresto domiciliario para Carlos Pato, el que se hará efectivo una vez que firmen el consentimiento los llamados testigos que tendrán a su cargo el control de la medida. Mientras tanto, dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar para el cabo Carlos Treuquil, el agente Mario Bevacua, el cabo primero Aníbal Muñoz, imputados de abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y severidades en carácter de coautores, y el suboficial subinspector Adolfo Carvallo, con similares cargos aunque como partícipe necesario. Argumentó el magistrado que se ha reafirmado el peligro de fuga teniendo en cuenta la gravedad  y características del hecho, sumado al daño causado y la posibilidad de autoría, pero rechazó el riesgo de entorpecimiento.

  En libertad, aunque sometidos a proceso y con prohibición de acercamiento están el agente Víctor Ortiz y el sagento primero Sergio Castillo, además del oficial ayudante Bruno Rodríguez y el sargento ayudante Víctor Santibáñez.