Una audiencia que debió ser preliminar, derivó en una polémica entre las partes, a partir del cuestionamiento de una pericia por parte de los defensores Sergio Rey y Abdón Manyauik, estando en tela de juicio si el arma utilizado por dos jóvenes al momento de llevar adelante tres robos es apta o no para el disparo.
Hechos
En efecto, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Mirta Moreno, presentó la acusación respectiva calificando lo sucedido como robo agravado por uso de arma, tres hechos, siendo acusados Lautaro González y Ezequiel Epulef, quienes el 28 de marzo de este año habrían llevado adelante un raid delictivo, trasladándose en una motocicleta desde las 6,50 aproximadamente. En esa ocasión interceptaron a tres personas en diferentes momentos, siendo una de ellas un menor de edad, que bajaba del colectivo para ir a la escuela, y las otras dos dirigiéndose a trabajar.
Los tres robos sucedieron en diferentes lugares de la ciudad, utilizando el mismo modus operandi consistente en que uno se bajaba de la moto con el arma, intimidaba y sustraían elementos, luego recuperados, por lo que se considera en grado de tentativa.
Pericia y calificación
Sucede que los defensores no estuvieron de acuerdo con la pericia sobre el arma emitida por el comisario Costa del área criminalística, y en tal sentido ofrecieron una evaluación de parte, realizada por el ex comisario Clavel, precisando que el caño del arma es mas pequeño que el diámetro de la bala calibre 22, por lo que no sería apta para el disparo. En consecuencia consideran que ante esto debería calificarse el hecho como robo simple, dando lugar a la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba, debido a que cumplen con los requisitos necesarios, sin antecedentes ni causa alguna y con una pena que sería menor a los tres años de prisión, ofreciendo por cada uno la posibilidad de cuarenta horas de trabajo comunitario con el fin de resarcirse ante las víctimas y la sociedad.
Argumentos fiscales
Sin embargo, la doctora Moreno se opuso terminantemente a tal posibilidad, señalando que las pericias son muy claras al respecto y coinciden en la peligrosidad del arma para su utilización, sin negar la posibilidad de ser disparada. Explicó los detalles de cada una de las pericias, indicando que Clavel intenta confundir entre la aptitud para el disparo y la peligrosidad de su funcionamiento, cosa que está aclarada en la pericia de Costa.
En tal sentido, rechazó el cambio de calificación y manifestó que el día 23 de mayo el juez Zaratiegui evaluó tal posibilidad pero dispuso la mantención de la medida de coerción para ambos, lo que un día después fue revisado y confirmado por los doctores García y Arguiano. Respecto a la suspensión de juicio a prueba, expuso la opinión de las tres víctimas, incluida la madre del menor afectado, que no consienten de ninguna manera tal posibilidad, expresando el deseo que sean juzgados y condenados de acuerdo a la responsabilidad que les corresponde.
Instructivo
Trajo a colación el instructivo nro. 3/13 del 12 de agosto de 2013, donde el Procurador General Jorge Miquelarena instruye a los fiscales para que ejerzan la oposición cuando se trate de robos con arma, apoyándose en el artículo 37 del código procesal penal, en relación con el nro. 12, no resultando viable otorgar desde el Ministerio Público Fiscal el consentimiento para la suspensión de un juicio bajo estas circunstancias, siendo el Juez quien debe dirimir situaciones de este tipo.
A todo esto se escuchó a Manyauik , que defiende los intereses de González, quien manifestó que no se necesita la conformidad de las víctimas para la aplicación del instituto solicitado por los defensores, pero a su vez consideró que lo expresado por el Procurador General es inconstitucional: "un Procurador no puede opinar sobre un código, no puede ponerse en función de un legislador", dijo, tras lo cuál dejó entrever que no se respeta la división de poderes, al pedir ésto a sus fiscales.
Rey afirmó que tanto Arguiano como Zaratiegui son jueces duros, y de todas maneras estuvieron de acuerdo en la posibilidad del cambio de calificación, pidiendo en definitiva que un juez se expida en forma drástica sobre el tema en cuestión, justificando mediante la pericia de Clavel que el arma es peligrosa para quien la pudiera usar, pero no para utilizarla contra terceros.
Resolución
Finalmente la Jueza Ana Laura Servent, quien quedó a cargo de la causa debido al apartamiento de Sergio Piñeda, se tomará los tres días de plazo para dar a conocer su determinación, luego de escuchar atentamente a las partes.
