En una audiencia de control de prisión, el Ministerio Püblico Fiscal representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira informó sobre la elevación de la acusación correspondiente en la que se agrega un nuevo hecho de abuso sexual en perjuicio de una menor, en un caso donde al imputado se le impuso la prisión preventiva por el término de seis meses, lapso que llevó a esta revisión por dos juezas.

La doctora Pereira dio detalles de dos hechos, uno ocurrido entre 2015 y enero de este año en perjuicio de una menor de ocho años y un segundo ocurrido en el transcurso de 2022 que afectó a otra niña, ambas víctimas hijas de su pareja. La calificación jurídica es por abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido con acceso carnal en menor de trece años y por la situación de convivencia preexistente, artículos 119, tercer y cuarto párrafos, inciso F, 45 y 55 del código penal, dos hechos en concurso real, todo en contexto de violencia de género enmarcado en la ley 26485.

Remarcó la fiscal que la presentación de la acusación fortalece la subsistencia del peligro de fuga, que en su momento fue evaluado por la Jueza Ivana González para determinar la medida de coerción, debido a las características graves del hecho y a la expectativa de pena, que la fiscalía evaluó en unos veinte años de prisión En tal sentido solicitó la continuidad de la medida, contando con la adhesión del asesor de familia Pablo Rey, quien informó sobre la actuación de esa asesoría en el caso, representando a las menores perjudicadas.

A su turno, el defensor Osvaldo Heiber expuso la necesidad de cautelar la situación procesal de su defendido mediante un arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, y apoyó su pedido indicando que prácticamente estaban concluidas las pruebas testimoniales necesarias y que ya no podría influir en las mismas, y ofreció el domicilio de la madre del imputado para cumplir dicha medida.

Pasando a resolver, las Juezas Yamila Flores y Stella Arizmendi acordaron con los argumentos del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que se fortalece la evidencia y la acusación ya deja vislumbrar la certeza en la investigación. Confirmaron la existencia del riesgo de fuga por la gravedad del suceso y la pena en expectativa, a la vez que sostuvieron la imposibilidad de un arresto domiciliario, al tener en cuenta la denuncia efectuada por una tía de las víctimas, ya que la madre del presunto autor de los hechos se habría acercado a las menores existiendo una prohibición de acercamiento. Por otra parte, el defensor no presentó informes sociales correspondientes para analizar la mencionada posibilidad. De acuerdo a todas las argumentaciones expuestas las magistradas resolvieron la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, en que se decidirá la posible elevación a juicio oral de la causa.