A lo largo del tiempo, este extenso proceso se ha traducido en un océano de documentos, informes, datos y declaraciones, que puede confundir al ojo menos avisado. A menudo, hurgando en las ramas de alguna operación, corremos el riesgo de perdernos el bosque de la maniobra.
Por ello es necesario alejar un poco nuestra perspectiva, para ver el cuadro completo.
La administración fraudulenta en perjuicio del Banco del Chubut S.A. durante el período 1999-2001 se compone de diversos elementos: 1. un banco con ropaje societario privado pero cuya casi totalidad de fondos administrados provino siempre del Estado Provincial, con capitalizaciones sistemáticas a lo largo de los años orientadas a atemperar una delicada situación financiera estructural; 2. un conjunto de empresas dedicadas a la construcción, incluyendo obras públicas (Tecneco S.A., Geosur S.A., Gabelco S.A.), y otro grupo de empresas con proyectos de inversión de dudosa concreción (Aridos Fontana S.R.L., Vialsur S.R.L.); 3. por otro lado, un conjunto de empresas cuya actividad principal consistía en la venta de materiales para la construcción (Corralón Fernandes SA, Cerámica Tremara SA, y en menor medida Héctor y Orlando Fernandes SH); 4. una estructura compartida de contadores públicos y de auditores, circunstancia que permitía tener un conocimiento global de la contabilidad de todas las empresas; 5. funcionarios jerárquicos de la entidad (Roberto Jones, Jorge Barcia, César Ramírez, Silvia Beros y Luis Vila), con poder formal y de hecho para dar instrucciones al personal subalterno; y 6. funcionarios (Roberto Jones y Jorge Barcia) y empresarios (Héctor y Orlando Fernandes, y José Salvador Arrechea), con línea directa hacia las altas esferas de la política provincial y municipal, a efectos de “aceitar” el circuito del dinero y -eventualmente- garantizar su impunidad.
La vía elegida para la salida del dinero no fue producto de una casualidad: descubierto en cuenta corriente, el modo más rápido de obtener fondos frescos para los clientes, y a la par, el más difícil de recuperar para la entidad en caso de tener que acudir a la vía judicial (tal como lo demostró la experiencia posterior), a diferencia de una solicitud formal de crédito con monto, tasa, plazo y garantías, fijadas de antemano y fácilmente exigibles.
De este modo, disfrazadas en supuestas operaciones legítimas de compraventa de materiales para la construcción, las empresas constructoras o proyectistas libraron una gran cantidad de cheques sobre sus cuentas corrientes.
Si bien en dichos libramientos existían algunas operaciones propias del giro real de cada empresa, en todos los casos los cheques por montos importantes siempre fueron librados a favor de un mismo destino: las empresas del Grupo Fernandes. Los montos de los cheques, además, no se compadecían con el volumen real de actividad económica de las empresas libradoras.
Si analizamos los libramientos de las diversas empresas a favor de este Grupo, daría la impresión de que durante el período 1999-2001, en el valle inferior del Río Chubut no hubo otro proveedor de materiales más que el Grupo Fernandes.
Como contracara del libramiento de los cheques, tenemos la operatoria de “descuento de valores negociados” en las sucursales, en este caso, cheques de pago diferido.
En la formalidad de los papeles, el descuento de los cheques de pago diferido se instrumentaba con responsabilidad en cabeza del cliente que los cedía. Ello implicaba que, llegada la fecha de cobro de los valores, en caso de que la cuenta libradora no contara con fondos suficientes, los cartulares debían debitarse de la cuenta del cliente que los había negociado ante el banco.
La organización interna del banco, por su parte, jugó un papel relevante en la concreción de la maniobra.
Por un lado, desde el mes de junio de 1999 el seguimiento de la cartera de principales deudores fue asignada a diversos Gerentes de la Casa Matriz del banco. Precisamente desde esta fecha, y hasta el final del período investigado, los saldos deudores de algunas cuentas vinculadas con este causa se incrementaron de modo exponencial.
Por otro lado, durante casi la mitad del período investigado, los descubiertos en las cuentas corrientes se incrementaron merced a un circuito -primero informal, luego formal- de autorizaciones a cargo de funcionarios de la Casa Matriz (Jones, Barcia, Beros, Ramírez y Vila). Así lo explicaron en esta audiencia los testigos LAGO, SUÁREZ, MARINCOVICH, VIDAL, MUTIO, HERRERA, ARNOLD y TORRES, así como los imputados Williams, Espina y Carrizo.
La informalidad recién se modificó en el mes de marzo del año 2000, como consecuencia de una orden expresa del nuevo Gerente General John Williams. A partir de entonces, empezaron a quedar constancias documentadas del circuito de autorizaciones, tal como lo refleja el universo acotado de documentos que pudieron relevar los auditores internos en la Investigación 43/01 respecto de la firma Tecneco SA.
La debilidad de los controles también incidió en la concreción del delito, aspecto que ya había sido observado por la Gerencia de Control de Auditores del BCRA.
En efecto, este esquema de autorizaciones, en el marco de una cartera crediticia deudora dividida entre los Gerentes de la Casa Matriz, en los hechos se tradujo en una política del “hecho consumado” por parte del Directorio, que debía dictar acuerdos cuando ya los cheques se habían pagado, tal como lo explicaron en este juicio los testigos PALACIOS, MARZULLO e ITALO LOMBARDI, y el imputado John Williams.
Cabe mencionar que, en líneas generales, la sindicatura se refirió en términos similares en oportunidad de declarar ante la Legislatura Provincial, en el marco del juicio político pedido por el imputado Barcia contra el entonces Procurador General Samamé (obrante en el Paquete Interno 18-19).
Esta fuga de dinero a través de los descubiertos fue descripta con crudeza por la testigo INNOCENTI de MUR, quien explicó de modo gráfico que en marzo del año 2000 el Gerente General Williams le pidió que -literalmente- “se sentara sobre las cuentas corrientes”, habida cuenta de los notables saldos deudores que se registraban en las sucursales Trelew y Rawson en las cuentas corrientes que son objeto de este proceso, a diferencia de lo que ocurría con el resto de las sucursales de la Provincia.
A ello hay que sumarle un área de Inspección General dotada de pocos recursos, generalmente sobrepasada de trabajo, y que en consecuencia constantemente incumplía el plan anual de auditoría. Quedó registro de ello tanto en el libro de actas del Directorio (obrante en el Paquete Interno 20), como en los libros de informes de la auditoría interna (obrantes en la CAJA 3C). Una semblanza similar describió en este debate la testigo CONVERTI de POUSA, quien estuvo a cargo de esa Gerencia desde fines del año 2000.
Un párrafo aparte merece la clasificación de los clientes, una tarea correspondiente a la Gerencia de Riesgo Crediticio, sector que estuvo a cargo de la imputada Silvia Beros durante el período investigado. A través de esta Gerencia, se mantuvo de modo artificial a algunos de los clientes en situaciones mejores (por ej. “situación 1 - normal”, o a lo sumo “situación 2 - riesgo potencial”), que las que les correspondía de acuerdo a su realidad económica o capacidad real de pago.
Este es un punto crítico: el paso a situación 3 o superior implicaba considerar al cliente dentro de la “cartera irregular” del banco. Ello tenía consecuencias directas: por un lado significaba la imposibilidad de seguirlo asistiendo crediticiamente, y a la par la obligación de incrementar fuertemente las previsiones, con inmediata desmejora de la situación de la entidad ante los ojos del Banco Central.
En este sentido, la testigo DOMENECH –cuya declaración se incorporó por lectura- informó que en relación con la firma Aridos Fontana, por citar un ejemplo, en enero del año 2000 dictaminó que debía ser clasificada en situación 3 (este dictamen obra en el legajo del cliente a fs. 306). Sin embargo, en el informe del Comité de Riesgo Crediticio del mes siguiente que debía ser puesto a consideración del Directorio, en el que constan las firmas de Beros y Barcia, la empresa seguía figurando en situación 2 (esto lo podemos verificar en el Despacho de Riesgo Crediticio Nro. 666 correspondiente al mes de febrero de 2000, obrante en el Paquete Interno 44).
La importancia de este tema se ve directamente reflejada en los sucesivos informes finales de las inspecciones correspondientes a los años 1998, 1999 y 2001 (obrantes en el Paquete Interno 46), en los que quedaron documentados los severos llamados de atención de la Superintendencia de Entidades Financieras a las autoridades del banco, por los defectos de previsionamiento producto de una deficiente clasificación de deudores.
Otro ejemplo paradigmático de la manipulación de la información sobre algunos deudores, lo constituye el cliente Metalúrgica Ingro SRL. Por exigencia del Banco Central, las empresas que comparten alguno de sus socios deben ser consideradas como un único cliente a los efectos del análisis del riesgo crediticio, y la clasificación de cada una arrastra la clasificación del resto de empresas.
Sin embargo, y tal como lo informaron los inspectores Pignataro y Lombardi en su análisis del cliente Aridos Fontana, el Banco del Chubut recién informó a la firma Metalúrgica Ingro SRL dentro del grupo Arrechea en el mes de junio del año 2001, pese a que el imputado Arrechea había ingresado en la sociedad en el mes de diciembre de 1999 y que este cliente se encontraba en situación 5 desde hacía largo tiempo. Recordemos que en diciembre del año 2000 Arrechea firmó un acta acuerdo con el Gerente General John Williams en nombre del grupo económico completo, incluyendo a esta empresa.
Beros conocía esta circunstancia por un doble motivo: porque era una tarea propia de la Gerencia de Riesgo Credicitio a su cargo, y porque desde mediados del año 1998 el Presidente Jones le había asignado el manejo de las cuentas del grupo Arrechea.
Este escenario se vio propiciado, además, por una política de concentración del crédito en unos pocos clientes, circunstancia observada reiteradamente en las sucesivas inspecciones del BCRA obrantes en el Paquete Interno 46 en virtud del alto riesgo crediticio que implicaba. Sobre ello también se refirió en este juicio la testigo CONVERTI de POUSA.
A partir de los primeros meses del año 1999, y sin solución de continuidad, mientras las empresas del Grupo Fernandes operaron dentro del margen crediticio acordado, tanto las cuentas del Grupo Arrechea (Aridos Fontana, Geosur y Astilleros Comodoro) como de la empresa Tecneco incrementaron exponencialmente sus descubiertos, sin acuerdos ni garantías suficientes.
Dichos descubiertos millonarios se produjeron a través del libramiento sistemático de cheques de pago diferido por grandes sumas de dinero, en todos los casos firmados por los imputados Arrechea y Clement, a favor de las empresas del Grupo Fernandes.
Cheques en mano, los hermanos Fernandes inmediatamente se dividieron la gestión de la negociación: Orlando en la Regional Trelew ante el Gerente Carrizo (donde estaban radicadas las cuentas del Grupo), y su hermano Héctor en la Casa Matriz ante los Presidentes Jones y Barcia y la Gerenta Departamental Beros. En el caso de Arrechea, y al igual que Héctor Fernandes, también se manejó directamente ante la Presidencia o Vicepresidencia del banco o bien ante la Gerenta Departamental Beros, pese a que las cuentas del grupo estaban radicadas en la Oficina Operativa.
Los formularios de solicitudes crediticias llenados en su mayoría por Orlando Fernandes en la Regional Trelew (obrantes en los legajos de las empresas del grupo), las diversas notas dirigidas por Arrechea a la Presidencia del banco obrantes en el legajo de Aridos Fontana, las declaraciones en este juicio de los testigos ANGULO SERÓN, FUERTES, COLOMBO, LAGO y TORRES y del imputado Espina, así como los libros de registro de ingresos a la Casa Matriz (obrantes en la CAJA 5C), dieron cuenta de este contacto directo y fluido entre los empresarios y la cúpula del banco.
Este juicio oral nos ha brindado dos ejemplos concretos de ello. Por un lado, el testigo MUTIO refirió con crudeza un llamado del Gerente General Ramírez en el año 1999, ordenando el despido de un cajero de la Regional Trelew por haberse negado a pagar un cheque de $2.500 de las empresas del Grupo Fernandes, que en ese momento no tenía fondos.
El testigo COLOMBO, en tanto, describió cómo Héctor Fernandes se presentaba sin audiencia previa y se anunciaba a sí mismo ante el -entonces- Vicepresidente Barcia, utilizando el teléfono de la secretaría de Presidencia. La frase “Jorge, llegué” se convertiría en una premonitoria y fatal metáfora de lo que luego sería esta “Megacausa”.
Con este esquema armado, desde la Casa Matriz se autorizaron tanto las operaciones de descuento de cheques en la Regional Trelew, como los débitos de las cuentas libradoras en la Regional Trelew y en la Oficina Operativa de Rawson, pese a que los cheques habían sido descontados con responsabilidad para el cedente, y a que las firmas libradoras registraban saldos deudores millonarios.
Sin perjuicio de este manejo remoto desde la Casa Matriz, al analizar una operación de débito de 85 cheques en la Regional Trelew, veremos que también le cabe responsabilidad penal al Gerente de la sucursal (Carrizo).
La operatoria descripta significó una asistencia crediticia sistemática e irregular a las empresas del Grupo Fernándes, a costa del deterioro económico y financiero de las empresas emisoras de los valores negociados. De este modo, y en un período total de aproximadamente dos años y medio, Héctor y Orlando Fernandes lograron hacerse de una millonaria suma de fondos desde estas cuentas.
Esto quedó ratificado por la Investigación Interna Nro. 50/02, los extractos de las cuentas corrientes, y los diversos informes del BCRA incorporados a la causa cuyo corolario fue la durísima Resolución Nro. 262 BCRA de fecha 25/04/02, así como las declaraciones en este juicio oral de los auditores CONVERTI de POUSA y TORRES y de los inspectores Jorge e Italo LOMBARDI.
El testigo PAVKA, puntualmente, señaló la alta velocidad –distintiva respecto del resto de clientes de todo el banco- con que las empresas del Grupo Fernandes cancelaban operaciones sin responsabilidad para el cedente, y así liberaban su calificación asignada para volver a endeudarse.
Sin embargo, para concretar esta maniobra defraudatoria, tanto los Fernandes como Arrechea debieron deshacerse de dos deudas cuya situación de incumplimiento podía arrastrar la clasificación del grupo completo. Para ello se utilizaron sendas sustituciones fraudulentas de deudores solventes por insolventes, a efectos de sanear el pasivo de Héctor y Orlando Fernandes por un lado, y de Geosur (es decir, de Arrechea), por el otro.
Como veremos más adelante, este juicio ha demostrado que los hechos identificados como “Patagonian Sea Food” y “Palavecino”, en definitiva constituyeron actos preparatorios de la inmediatamente posterior maniobra de favorecimiento en beneficio del Grupo Fernandes, a costa de las cuentas corrientes de Aridos Fontana SRL y de Tecneco S.A.
Por su parte, el último hecho imputado en esta causa -identificado como “UTE Gabelco Vialsur”- constituyó el licuamiento de una parte sustantiva del pasivo bancario de la firma Geosur, el cual se siguió incrementando luego de que la cuenta corriente de Aridos Fontana había quedado “en la mira” de algunos directores y síndicos del banco, una vez concretada la también millonaria maniobra de saneamiento del descubierto a través de la adquisición del proyecto de urbanización.
Pese al esfuerzo empleado en la defraudación primero, y en su ocultamiento durante y después, esta causa ha demostrado que no existe el crimen perfecto. Esta fina, compleja y formidable maniobra de vaciamiento bancario, dejó numerosos rastros –algunos evidentes, otros más sutiles- que permitieron su descubrimiento, investigación y discusión en este juicio. A desnudarlos ante los ojos del tribunal y de la ciudadanía dedicaremos nuestro alegato.
