Durante una audiencia que se extendió por espacio de aproximadamente dos horas, realizada en la sala de audiencias del sexto piso de tribunales, familiares de Gastón Andrés Vargas, a quien llamaban “Angelo”, patrocinados por el abogado Eduardo Hualpa y apoyados por la comisión contra la impunidad solicitaron la reapertura de la causa sobre los motivos de su muerte, ocurrida el 19 de septiembre de 2013 en la seccional segunda de policía, ubicada en Colombia y Belgrano de Trelew.

  La solicitud se pidió tras la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, donde las pericias, testimonios e informes colectados, permitieron inferir que se trató de un suicidio, tal lo explicado ampliamente en la audiencia por la fiscal general María Tolomei, quien indicó acerca de la información permanente brindada a la familia sobre los pasos que se fueron dando, además de todas las hipótesis manejadas que se fueron diluyendo y las fuerzas ajenas a la policía de la provincia convocadas para garantizar la imparcialidad en las actuaciones, concurriendo a tal fin integrantes del equipo perteneciente a la unidad pericial de causas especiales (UPCE) de la policía federal.

  En su momento, los efectivos del ámbito federal, junto a la fiscal general, se reunieron con los familiares y explicaron el trabajo realizado, brindando detalles acerca de cada uno de los informes que constan en el legajo, respondiendo las consultas puntuales ante las dudas existentes en los diferentes matices evaluados para llegar a la conclusión. Destacaron la forma en que se preservaron los elementos y enfatizaron sobre la buena labor efectuada en relación a la autopsia llevada adelante, que contaba además con material fotográfico de excelencia, según dijeron.

  Entre otros detalles, rescataron que la soga o trozo de tela con la cuál se habría quitado la vida Vargas, resistía un peso de 147 kilos, explicando que lo pudo haber intentado también con un pedazo mas débil, a juzgar por los elementos encontrados en el lugar. La doctora Tolomei indicó que el llamado realizado a otra fuerza ajena a la policía de la provincia, se enmarcaba dentro de las normas vigentes en la convención Interamericana de derechos humanos, y todo lo que se hizo en materia de investigación no encuadraba en los estándares de pruebas correspondientes a un supuesto suicidio, sino que se investigó teniendo en cuenta las diversas hipótesis que pudieran sostener la participación de terceros en la producción de la muerte.

  Respecto de la detención de Vargas, que se produjo por una contravención, en el marco del artículo 139, señaló que la misma fue de carácter legal, ya que la policía recibió un llamado alertando sobre dos personas que intentaban abrir puertas de autos, y que estaban en estado de ebriedad. Manifestó que podría aducirse una falla del estado en cuanto al cuidado que debió tenerse, pero subrayó que no se vislumbra la presencia de un delito penal, rechazando lo expresado por el abogado en el sentido que si Vargas no hubiera sido detenido hoy estaría entre nosotros, enfatizando sobre la ilegalidad de la aprehensión.

   Justamente, el doctor Hualpa consideró que lo sucedido en aquella madrugada debe ser investigado mas profundamente, aún destacando el trabajo realizado por la fiscal Tolomei, cuestión que también fue resaltada por familiares e integrantes de la comisión contra la impunidad durante la audiencia. Sin embargo, consideró el abogado que se había violado lo dispuesto por la convención Interamericana de derechos humanos, que a partir del caso Iván Torres considera que en Chubut se registran abusos policiales, fundamentalmente contra personas de menores recursos. Pidió además se revea la posibilidad de tomar nuevamente testimonio a quien fue detenido junto a Vargas, indicando que sus dichos podrían no ser veraces y estar efectuados en un clima de temor.

  La fiscal Tolomei consideró innecesaria esta postulación, al expresar que el testigo prestó declaración en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, con todas las garantías de seguridad que se pueden brindar, sin llegar a entender que más podría agregar a lo ya atestiguado. En tanto, para la abuela y la tía de Angelo, existieron golpes en el rostro y cuerpo de la víctima, situación que las hace dudar sobre lo acontecido, ante lo cuál la representante del Ministerio Público señaló que, de acuerdo a la autopsia, algunos de esos golpes eran de vieja data, anterior a lo sucedido aquella noche,

  En la audiencia, se expresaron también integrantes de la comisión contra la impunidad, quienes destacaron el trabajo realizado por la fiscal, no así por la defensa pública, aunque solicitan se reabra el caso con el fin de profundizar sobre ciertos elementos y teniendo en cuenta los antecedentes de la dependencia policial involucrada, marcando la importancia que tiene esta audiencia, realizada con una asistencia de público notable.

  El Juez Sergio Piñeda, quien acudió a la audiencia luego de haberse excusado en un primer momento, debido a que estaba trabajando sobre la sentencia de otro caso, se dirigió a los presentes aseverando que llegó a este lugar teniendo en cuenta la importancia del caso, y comunicó que dará a conocer la resolución el próximo jueves 5 de noviembre en horas del mediodía.

  Cabe destacar que también se encontraba la doctora Martensen, en representación del Ministerio de la defensa, y solo dio a entender al comienzo de la audiencia desconocer el  motivo de su convocatoria, dado que la causa está desestimada y no existen imputados.