El Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva para un joven imputado por un robo ocurrido el 21 de mayo en un local ubicado en las inmediaciones de las calles Edison Norte y Puerto Argentino de Trelew, entendiendo que necesitan llevarse adelante medidas tendientes a su efectivo reconocimiento.

  El hecho tuvo lugar el 21 de mayo cerca del mediodía, cuando el sospechoso ingresó a comprar caramelos al comercio, para luego retirarse y volver a entrar mas adelante, con claras intenciones de robo. Es así que portando un arma, apunta a la propietaria y amenazándola exige dinero, un celular y las llaves del sitio, haciéndose del efectivo y emprendiendo la fuga hacia el barrio Constitución.

  La calificación esgrimida por la fiscalía es la de robo agravado por uso de arma, cuya aptitud para el disparo no se pudo determinar, artículo 166 inciso 2, en carácter de autor, artículo 45, ambos del código penal. Ante la existencia de cámaras en el exterior e interior del local, habría sido reconocido mediante el trabajo de la brigada de investigaciones, a la vez que hubo testimonios que estarían confirmando la identidad.

  La funcionaria de fiscalía Claudia Ibáñez brindó los elementos necesarios para determinar la probable autoría, y argumentó sobre los riesgos de fuga y entorpecimiento, al tener en cuenta el horario, los clientes presentes, el indicio de alguna tarea de inteligencia para actuar en el momento oportuno y si bien el mínimo para la pena a imponer podría ser de ejecución condicional, es necesario realizar diligencias, las cuales se verían afectadas con el imputado en libertad.

  De esta manera, solicitó al menos diez días de prisión preventiva, para llevar adelante los procedimientos requeridos no antes del 31 de mayo y expuso sobre un caso, cuyo expediente es el 70900, donde estaría involucrada la misma persona por un robo similar, donde también están solicitadas las mismas medidas que podrían unificarse en la oportunidad.

  El defensor Javier Allende rechazó los requerimientos fiscales, indicando que no correspondía una medida de coerción al manifestar que en estas condiciones lo máximo que se podía aplicar es una prohibición de acercamiento. Presentó además un certificado médico donde se aludía a que su cliente fue apuñalado recientemente y todavía tiene puntos de sutura, cuestión que impediría el alojamiento del imputado en cualquier dependencia policial.

  La Juez Ivana González, además de proceder a la apertura de investigación, dio razón a la presentación del Ministerio Público Fiscal, tanto en la posibilidad de llevar adelante distintas medidas, como así también en la unificación de las causas, aludiendo a la economía procesal y la necesidad de verificar todos los datos obtenidos sobre la presunta participación del jóven, imponiendo diez días de prisión preventiva en un principio. No obstante, y debido al certificado presentado, ordenó la revisación en el cuerpo médico forense, lo que se hizo en forma inmediata.

  Reiniciada la audiencia luego de esa instancia,  la doctora González dio lectura al informe del médico Juan Juárez, quien hizo alusión a un post operatorio que lleva adelante el imputado, habiendo sido intervenido hace menos de dos semanas en el hospital zonal. Afirmó el escrito del galeno que no puede permanecer alojado en algún centro de detención por estar expuesto a infecciones, debiendo observar estrictas condiciones higiénicas y dietéticas, necesitándose una nueva evaluación en el término de treinta días, a los fines de evaluar su evolución.

  En consecuencia, la Jueza determinó el arresto domiciliario, bajo guardia permanente y la constante presencia policial, evitando el contacto por cualquier medio con víctimas, a la vez de advertir que cualquier irregularidad o no presencia del imputado en el domicilio dispuesto, llevará al consecuente levantamiento de esta medida.