Un fin de semana intenso tuvo lugar en relación a la causa donde se investiga la estafa y otros delitos en la comercialización de automóviles, ya que finalmente se realizó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal pudo exponer acerca de la ampliación del objeto de investigación, con el aporte de 22 nuevos hechos que sumados a los ocho ya enunciados en su oportunidad, hacen un total de treinta, que involucran como imputados a Roberto, Guillermo y Emiliano Nicolás y Patricia Sendín.

  La audiencia referida comenzó el sábado a las 11,20 y se extendió hasta el domingo cerca de la 1, con dos cuartos intermedios, actuando el Juez José García. Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron la fiscal general María Tolomei y el funcionario de fiscalía Enrique Kaltenmeier, mientras que el defensor Fabián Gabalachis representó los derechos de Roberto Nicolás, Guillermo Nicolás y Patricia Sendín, en tanto Oscar Romero y Laura Fernández hicieron lo propio en nombre de Emiliano Nicolás y Guadalupe Nicolás.

  Fue el Ministerio Público Fiscal quien solicitó la realización de este evento, debido al cumplimiento del plazo de diez días de prisión preventiva que había sido resuelto por el propio García, para tres de los imputados, pero en la oportunidad la propia fiscalía esgrimió que no se podía tratar acerca de la situación de los mismos, sin llevarse adelante la lectura de los nuevos hechos, relatando que en tal sentido se viene pidiendo desde el 10 de marzo, cuando se revisó lo actuado sobre Emiliano Nicolás, se de lugar a tal presentación. Argumentó la doctora Tolomei que se requirió en numerosas oportunidades la audiencia para este tema, pero la falta de decisión sobre la recusación al doctor Zaratiegui, además de la excusación de la Jueza González, han impedido que se continúe con el proceso.

  El 11 de febrero de este año el doctor César Zaratiegui abrió la investigación e impuso la medida de seis meses de prisión para los cuatro imputados, pero posteriormente los doctores Servent y De Biase modificaron los términos de esa medida a tres meses. El 10 de marzo la doctora González, tras una resolución del Superior Tribunal, determinó que Emiliano Nicolás permanezca con medidas sustitutivas. El Ministerio Público Fiscal pidió la ampliación en el objeto de investigación el 13 de marzo y el 4 de abril respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 274 del código penal, y en esta ocasión señaló que se hacía necesario efectuar este procedimiento para analizar el estado de los imputados y analizar principalmente el peligro procesal de fuga, lo que fue aceptado por el doctor García, llevándose adelante la audiencia.

  Tras detallar los nuevos hechos denunciados, la fiscalía consideró que debía mantenerse la medida de coerción, sosteniendo que se había dado conocimiento de 30 denuncias de personas que no tienen contacto entre sí y sin coincidir en fechas que efectuaron las respectivas denuncias, donde se establece la existencia de un modus operandi similar, donde logran generar confianza en las víctimas, mostrando apariencia de operaciones lícitas a sabiendas que no iban a cumplir con lo prometido. Mencionaron la ostentación que se hizo de los medios con que cuentan para llevar adelante las maniobras, principalmente con la exhibición de vehículos en el predio de Soberanía Nacional y Entre Ríos, donde se secuestraron 132 vehículos.

  Reafirmó el Ministerio Público Fiscal la existencia del peligro de fuga, teniendo en cuenta las características de los hechos y la pena que se espera, la que deberá ser de efectivo cumplimiento y se resaltó que las defensas no habían aportado ningún nuevo elemento que permita modificar la evaluación de los primeros nueve hechos, lo que se agrava con esta nueva presentación y algunos informes ya efectuados, no pudiéndose neutralizar los riesgos procesales con medidas sustitutivas. Sobre esto, se recalcó también acerca de la existencia del peligro de entorpecimiento, verificándose que muchos denunciantes no se acercaron antes debido al temor ante las amenazas recibidas, refiriendo sobre la utilización de armas y diversas formas de contactarse con las víctimas.

Resolución

  Ya en las primeras horas del domingo, el Juez José Alberto García tomó la resolución de ampliar la apertura de investigación y mantener la prisión preventiva para Roberto Nicolás y Patricia Sendín por el término de un mes, a la vez de disponer medidas sustitutivas para Guillermo Nicolás, quien al igual que Emiliano deberá firmar el libro en oficina de ejecución cinco veces a la semana y se prohíbe cualquier tipo de acercamiento con alguna de las víctimas. También indicó que se verificará por los medios correspondientes la salud de Roberto Nicolás y rechazó por el momento la posibilidad de un arresto domiciliario para Sendín, ya que en su momento su defensor presentó dos personas que actuarían como posibles guardias, las que a tenor del magistrado no cumplen con los requisitos correspondientes.

  Los delitos que se endilgan a los cuatro imputados en distintos grados son asociación ilícita, estafas reiteradas, adulteración de documentos, coacción, coacción agravada por uso de arma y tenencia ilegítima de arma de uso civil.

Hechos a Investigar

  De acuerdo a los hechos presentados durante la apertura de investigación, el 11 de febrero de este año, sumados los 22 nuevos relatados y que hacen a la ampliación del objeto a investigar, se reitera la forma en que operaban los integrantes de la familia, situación que dio lugar a las denuncias y posteriores imputaciones por las cuales se resolvieron las medidas que hoy pesan sobre ellos.

 En tal sentido se dio cuena que desarrollan sus maniobras delictivas bajo la apariencia de dedicarse a un negocio lícito, la compraventa de automotores, adoptando todas las precauciones necesarias para garantizar el éxito de sus propósitos.

  Así, cuentan con un espacio de exhibición de vehículos en donde guardan gran cantidad de rodados; despliegan toda especie de maniobras para ganar la confianza de sus víctimas; respaldan las operaciones con documentos espúreos que utilizan luego para acreditar su supuesto derecho a los bienes obtenidos merced a engaño; garantizan su impunidad en los hechos delictivos que cometen bajo pretexto de que se trata de meros incumplimientos contractuales que, por otro lado, no pueden ser reclamados civilmente pues, para esto, también han tomado medidas: los rodados que obtienen merced a las maniobras defraudatorias se inscriben a nombre de Sendin, con estado civil soltera, mientras que los boletos de compraventa son firmados por Nicolas, también con estado civil soltero; y, finalmente, no dudan en amenazar, aun con armas, a los damnificados, para evitar los reclamos o las denuncias.

  Bajo la organización y liderazgo de Roberto Nicolás, cada uno de los integrantes desempeña un rol específico: él mismo es quien ofrece y negocia los vehículos que exhibe en la planta baja y los predios contiguos a su propia vivienda, ubicados en Soberanía Nacional esquina Entre Rios, de Trelew.

  En este lugar, sin habilitación alguna para realizar una actividad comercial y sin haberse registrado tampoco como comerciante habitual de automotores, la organización mantiene gran cantidad de automóviles, utilitarios y camiones, de distintas gamas, segmentos y  antigüedad –algunos incluso 0 km-, que Roberto Nicolás se ocupa de exhibir a las víctimas, como parte del despliegue que efectúa para generar confianza en ellas, no sólo por la solvencia económica sino especialmente desde la apariencia del desarrollo de una actividad comercial lícita.

  El despliegue para generar la confianza de los damnificados también consiste en la utilización de su propia vivienda, ubicada en la planta alta del predio, a la que muchos de ellos son invitados a pasar e incluso a compartir comidas o bebidas, bajo una aparente hospitalidad. Allí, añaden algo más esta cuidada construcción de confianza en las eventuales víctimas: Roberto Nicolás se ocupa entonces de presentar a quien será la gestora de los trámites, su mujer, Patricia Sendin, quien con referencias a vínculos sociales o actividades comunes, acentúa la familiaridad y seguridad de las personas que, a la postre, resultarán engañadas.

  En este ambiente de cordialidad y hospitalidad, las víctimas suelen aceptar el trato que Roberto Nicolás –o alguno de sus hijos- les han propuesto, pergeñado por ellos desde un inicio para no ser cumplido.

   Es entonces cuando Patricia Sendin asume su rol principal: tal como ya la ha presentado su marido y como ella misma se ocupa de representar, será la “gestora” de los trámites del automotor.

   La apariencia de que se tratará de un negocio lícito surge así no sólo de la exhibición del lugar y de los vehículos sino también en los recaudos que Sendín manifiesta tomar para asegurar el cumplimiento de los trámites registrales.

   En este rol de “gestora”, Patricia Sendín es quien cumple las tareas administrativas y el manejo de la documentación y del dinero, mientras Roberto Nicolás, en muchos casos, se hace pasar por analfabeto. Ella confecciona los Boletos de Compraventa de Automotor en los que aparece siempre y firma, como parte, Roberto Nicolás; toda la documentación requerida por el Registro Automotor, en la que queda como titular la propia Patricia Sendin y los recibos, consignando en ellos las circunstancias falsas necesarias para perfeccionar las defraudaciones bajo apariencia de haber cumplido una contraprestación. Recibe además, en ese acto, el dinero que entregan las víctimas, conforme lo que se hubiera acordado en cada operación.

   Bajo todo este despliegue, las víctimas suscriben los documentos que les indica Patricia Sendin –en los que, como se explicó antes, luego ella completa con circunstancias falsas-, así como los formularios necesarios para las transferencias, en los Registros Seccionales correspondientes, en escribanías o en la sede de la Afip. En algunos casos, es Guillermo Nicolás quien se encarga de acompañar a los damnificados en la realización de dichos trámites.

  Contando con la firma de la documentación referida y sin otorgar a la otra parte, copia alguna o comprobante de las operaciones supuestamente efectuadas, el grupo se apodera del o los vehículos de su víctima, en algunos casos mediante la entrega voluntaria hecha por el damnificado –en la confianza del cumplimiento del acuerdo por parte de la familia Nicolás- y en otros, mediante el apoderamiento subrepticio del rodado que realizan en un descuido de aquél.

 Guillermo Nicolás además de las tareas mencionadas, se ocupa de la búsqueda de potenciales víctimas entre gente que ofrece o puede estar interesada en la venta vehículos en forma particular, a quienes contacta y conduce ante su padre para el desarrollo de la operación.

  Su hermano mayor, Emiliano, también interviene en las operaciones ilícitas que realiza la familia, aunque en algunos casos se hace cargo personalmente de los acuerdos, sin derivarlos a su padre. Utiliza en éstos últimos los mismos artilugios para generar confianza en los damnificados y conseguir la disposición patrimonial –a la postre, perjudicial- de los mismos.

  A pesar de haber logrado las transferencias, y ya en poder del dinero y de los vehículos de sus víctimas, la maniobra continúa: sin cumplir con lo acordado y justificándose con diferentes razones, suelen dar en préstamo otro vehículo para que sus “clientes” puedan movilizarse o entregan una parte menor del dinero prometido, mientras dilatan el cumplimiento de su parte del acuerdo.

  Ese supuesto principio de ejecución de sus obligaciones no es otra cosa que un aspecto mas de la maniobra defraudatoria, tendiente en este caso a dar una falsa apariencia de su intención de cumplir el acuerdo. Esto en conocimiento de que requieren esta fachada para cubrirse de una posible imputación penal por estafa.

 Y aun mas, la asociación se garantiza que los perjudicados no podrán exigir el cumplimiento de nada de lo debido, mediante la insolvencia de quien firma los Boletos de compraventa, su líder Roberto Nicolás. A tal fin, además, tanto él como su mujer y madre de sus hijos, Patricia Sendín, aparecen como solteros en toda la documentación que suscriben.

  Finalmente, ante la insistencia de las víctimas para que Nicolás cumpla con lo acordado, la maniobra culmina con amenazas, a veces con armas, a la integridad física del damnificado o de quienes lo ayuden, o con la desaparición, lisa y llana, de Roberto Nicolás, quien se oculta, no atiende los llamados o viaja supuestamente hacia un campo en la zona de Valchetta. Los encargados de realizar las amenazas son el propio Roberto Nicolás o su hijo Emiliano Nicolás.