Se trata de Lautaro Pailemàn, de 25 años, quien fue detenido tras haberse dictado una orden de captura, en la terminal de ómnibus, cuando se aprestaba a tomar un colectivo hacia Puerto Madryn. El Ministerio Pùblico Fiscal, representado en audiencia de control por la fiscal general Griselda Encinas, le imputó el hecho ocurrido el 22 de octubre, en horas del mediodía, cuando junto a otro individuo golpearon e ingresaron en una vivienda del barrio Constitución de Trelew.

  En el departamento aludido se encontraban dos menores de 11 y 12 años en la parte de ingreso y en uno de los dormitorios había otra de 17. Los visitantes llevaban el torso desnudo, anteojos y se cubrían la cabeza con remeras, manipulando armas con las que amenazaron a las pequeñas, a quienes tomaron de los cabellos exigiendo la entrega de droga. Después de revisar parte de la casa, Pailemán ingresó al dormitorio donde halla a la menor restante, sacándola de allí por la fuerza.

  Siempre con la exigencia de droga, el imputado le baja la ropa e intenta ultrajarla sexualmente y ante la resistencia de la joven, la golpea con el arma en la cabeza, para finalmente efectuar entre los dos intrusos una revisión total del lugar, dándose a la fuga haciéndose de varios elementos, entre ellos celulares, notbooks y ropa, mientras las menores eran socorridas por una vecina.

  La calificación legal escogida por el Ministerio Pùblico Fiscal para solicitar la apertura de investigación es la de robo agravado por uso de arma en carácter de coautor en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, solicitando la prisión preventiva por el término de cuatro meses, fundamentada en las características del hecho, el peligro de fuga y el entorpecimiento, previéndose una pena que deberá ser de cumplimiento efectivo, destacándose el temor con el que viven hoy las víctimas y teniendo en cuenta que hay otra persona con pedido de captura, sobre la que podría influir Pailemán.

  El defensor Javier Allende negó la autoría del hecho por parte de su cliente, y puso énfasis en las declaraciones tomadas a las menores al intentar marcar algunas contradicciones para referirse a la identificación del imputado. En tal sentido, hizo observar a la jueza el torso desnudo de su defendido para verificar acerca de la existencia de tatuajes, tal lo manifestado por las afectadas. Para Allende no existía la probabilidad de autoría y pidió rechazó la posibilidad de cualquier medida de coerción.

  La Jueza Ana Laura Servent determinó la apertura de investigación, entendiendo que resulta ajustada la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal. Manifestò que la defensa puso en crisis la probable autoría, pero ratificó que Pailemán tiene tatuajes importantes, siendo que una de las menores lo reconoció desde un primer momento y las otras dos lo hicieron mediante un recorrido fotográfico, debiendo ser esto corroborado cuanto antes a través de rueda de reconocimiento, una de las medidas solicitadas por la fiscalía.

  Dijo la doctora Servent que resulta razonable que se trate del imputado quien se observa como interviniente en los sucesos y mas allá del arraigo quedó en evidencia que intentaba darse a la fuga cuando fue detenido en la terminal, considerando además que es muy posible que en libertad influya sobre el coimputado con pedido de captura. De todas maneras, estimó que un mes de prisión preventiva es suficiente tiempo para que se efectúen diversas medidas que involucran la investigación, tèrmino fijado para la medida de coerción que será revisada el próximo 25 de noviembre.

  Esta decisión fue ratificado posteriormente por los Jueces Sergio Piñeda e Ivana González, ante el pedido de revisión efectuado por la defensa, disconforme con la resolución de la doctora Servent, que finalmente quedó firme.