Argumentando sobre la imposibilidad de intromisión en la resolución del Juez que entendió en la causa y la elevó a juicio, los doctores Ivana González, Marcelo Nieto Di Biasse y Ana Laura Servent, confirmaron lo dispuesto por Sergio Piñeda en la audiencia preliminar anulando la validez de una pericia efectuada por especialistas de la policía federal en la celda de contraventores de la seccional primera en Trelew, donde se produjo el incendio que costara luego la vida de Mauro Castaño, en un hecho ocurrido el 7 de febrero de 2015. Del mismo modo quedó invalidado un informe técnico elevado por la superintendencia de siniestros de la misma fuerza.
La revisión de la decisión había sido pedida por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal jefe Silvia Pereira, acompañada por el funcionario Rubén Kholer, y la querella que representa al padre de la víctima, Matías Cimadevilla, admitiendo que existió un error de tipeo en la fecha comunicada a la defensa para la realización del procedimiento, pero advirtiendo a su vez que hubo otras pericias e informes dados a conocer simultáneamente y habían sido convalidados por la otra parte sin ofrecer objeción.
Todo esto se dio a conocer hoy en la sala del sexto piso de tribunales, previo al inicio del juico oral y público, donde se encuentran acusados Darío Guzmán por incendio estragoso seguido de muerte, artículo 185 inciso 5 del código penal, con una pretensión punitiva de 15 años de prisión mas la declaración de reincidencia y Darío Javier Acosta Farías Díaz por abandono de persona agravado por el resultado de muerte, en concurso real con violación de los deberes de funcionario público, artículos 106, inciso 1ro. y último párrafo, 248, 249 y 55 del código penal, con una pretensión punitiva de 8 años de prisión.
Los magistrados rechazaron además la posibilidad de realizar una reconstrucción de los hechos en el lugar del incidente, al afirmar que ya se encontraban demasiado alteradas las condiciones de la escena y dejaron sin efecto la incorporación de la condena a los policías Cárcamo, Pavón, Correa y Frías, quienes se apegaron a un juicio abreviado. Esto había sido pedido por la fiscalía y querella contando con la oposición de los defensores, rechazando que los nombrados puedan ser convocados ahora como testigos, situación que había sido prevista por Flora Mollard, quien ejerce legalmente por Acosta Farías Díaz.
Otra de las resoluciones tomada por el tribunal en forma unánime es la de no permitir que los peritos participantes de los informes anulados puedan atestiguar específicamente sobre los mismos. De todas formas si pueden ser llamados a deponer sobre sus conocimientos técnicos y específicos generales de sus especialidades. Sin embargo, en el voto que dio a conocer el Juez Di Biasse expresó que el Ministerio Público debía haber revocado la decisión de Piñeda en oportunidad que fue dispuesta la anulación, tras lo que la doctora Pereira manifestó que tal revocación existió y figura la debida constancia, previendo que esta revocatoria puede ser elevada en un futuro al Superior Tribunal para su evaluación.
Posteriormente, la fiscal y el querellante pidieron al tribunal que determine la realización de una inspección ocular en la seccional primera con la participación de un testigo, rechazando esta petición con vehemencia el defensor Javier Allende con la adhesión de su colega Mollard, señalando que de concretarse se burlaban reglas del debido proceso. Lo cierto es que nuevamente los integrantes del cuerpo colegiado no hicieron lugar a que se concrete tal inspección ocular, pero la presidenta Ivana González llamó la atención del defensor de Guzmán, Javier Allende, debido a las expresiones vertidas contra la parte acusadora, ya que en su alocución manifestó: “si fuera verdad lo que dice la fiscalía…” y refirió a que se “enganchan a una inspección ocular”, generando con esto un manto de duda a la buena fé que debe primar en estos casos, luego que tanto la doctora Pereira como el querellante dijeron que la reconstrucción de los hechos había sido solicitada al Juez Piñeda, existiendo constancia en los audios correspondientes.
Después de estas incidencias dadas como cuestiones previas, el tribunal dio por iniciado el debate comenzando la convocatoria a los testigos, siendo la primera una sargento que cumple funciones en la seccional primera de policía y que tuvo a su cargo la detención de Castaño en la mañana del 7 de febrero de 2015, a la salida de los boliches en la esquina de 25 de mayo y callejón floridita, donde había sido reducido por dos efectivos. La oficial relató como fue llevado en el patrullero hasta la dependencia policial y entregado al cabo interno o celador Farías Díaz, de turno en aquel momento, detallando las tareas que corresponden al momento de estos sucesos.
