La solicitud fue hecha por la defensa de quien se encontraba detenido

  El Juez, Dr. Roberto Barrios, determinó aceptar una solicitud efectuada por la Defensa, a cargo de la Dra. María Angélica Gómez Lozano, para alivianar la situación de un hombre acusado de abuso sexual en perjuicio de su hija, a quien habría sometido durante unos seis años, hecho ocurrido en Trelew, de acuerdo a la imputación presentada en su momento por el Ministerio Público Fiscal.

  El mismo magistrado había dispuesto el 22 de octubre del año pasado la permanencia en prisión preventiva del acusado, considerando los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Cabe destacar que el hecho es considerado de graves características, mas teniendo en cuenta que el abuso fue con acceso carnal en la modalidad de delito continuado, mientras los hermanos de la víctima, menores de edad, observaban a través de una ventana.

  El día 22 de enero se realizó una audiencia donde la Fiscalía solicitó una prórroga en la investigación, hasta el 22 de febrero, debido a la necesidad de contar con las pericias de ADN, con el fin de acumular elementos de prueba. En esa oportunidad, la Dra. Patricia Asaro, rechazó la posibilidad de sustituir la medida de coercíón del acusado.

  Sin embargo, la Defensa ahora lo pidió a través de esta audiencia de revisión, y el Juez actuante en primera instancia que había resuelto la prisión, consideró que estan neutralizados los riesgos de fuga y entorpecimiento, tal lo argumentado por la Dra. Gómez Lozano, quien presentó el domicilio de los padres del acusado para que se lleve adelante allí el arresto, pero además solicitó salidas laborales entendiendo las necesidades de su familia en materia económica. Por otra parte, detalló que el trabajo se lo daría el concubino de su propia madre, dando a conocer horarios de salidas y haberes a percibir.

  El Ministerio Público Fiscal, representado por la Funcionaria de Fiscalía, Dra. Mónica Carlassare, se opuso terminantemente a tal requerimiento, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga, no neutralizándose el riesgo de fuga ni de entorpecimiento. Puso énfasis en los derechos existentes que hablan del interés supremo en la protección de los niños, fijados en la Convención en el artículo 18, que adopta la Constitución Nacional en el art. 75 inciso 22.

  El arresto domiciliario no garantiza esos intereses, dijo la funcionaria, y mencionando el mismo informe social traído por la defensa, hizo saber que junto con el encartado convivirían dos menores de 7 y 12 años, con el riesgo además que la víctima y los testigos pudieran concurrir a la vivienda de quienes son finalmente sus abuelos, que sería la residencia del probable abusador.

  Ante esto, la defensa se esforzó en aclarar que los niños no concurren a la casa de su abuela, sino que el informe indica que es esta quien va a casa de los menores.

  Por otra parte, la Dra. Carlassare manifestó mediante un informe del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que a través de este organismo, la madre de la víctima rechaza cualquier tipo de ayuda que pueda suministrarle el imputado, y esta gestionando un subsidio que le corresponde por derecho, además de otros ingresos. El acusado como probable abusador solo atinó a expresar que quiere trabajar porque los niños la estan pasando mal.

  El Dr. Barrios dio a conocer su resolución haciendo lugar al pedido de la defensa, por lo cuál la prisión preventiva pasó a ser prisión domiciliaria con salidas laborales, ordenando el estricto control policial, comprometiendo a la madre del imputado a no llevar a los niños a su casa. También fijó el próximo 22 de febrero para la realización de la nueva audiencia de control a las 12 hs.