Las víctimas denunciaron durante la audiencia amenazas de imputados

  “Mis esposo fue amenazado de muerte y mis suegros amenazados hasta con un revólver por el sr. Nicolás... fuimos defraudados, ofendidos, mi esposo está discapacitado de un brazo y el auto era el único medio que teníamos para venir de la chacra... nos quedamos sin nada”. Este es uno de los tantos testimonios que se escucharon durante la audiencia de solicitud de apertura de la investigación por estafas, llevada adelante en los Tribunales de Trelew.   A este punto se llega luego de un minucioso trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal, a través del Dr. César Zaratiegui, quien acumuló mas de veinte casos, alguno de ellos desestimado en su momento, en que se observa un modus operandi similar, donde las personas son defraudadas en una supuesta operación de comercialización de automóviles.  Pero en esta oportunidad, los damnificados concurrieron en forma masiva a la audiencia, y además algunos de ellos presentaron patrocinantes, como los doctores Fabián Gabalachis, Jorge Rubiolo y Matías Cimadevilla, quienes actuarán como querellantes junto a Fiscalía.   Los imputados son Roberto Nicolás, su esposa Patricia Sendín de 44 años y el hijo Emiliano Nicolás, de 22 años. El primero de ellos no se presentó, justificando la ausencia el defensor, Dr. Abdón Manllauix, con la presentación de un certificado del Hospital de San Antonio Oeste donde daba cuenta de una dolencia por la que debe guardar reposo. Sin embargo, se hizo venir a un médico policial para que ratifique o no tal situación, cosa que se hizo, pero el Ministerio Público Fiscal solicitó la presencia del médico en el domicilio del acusado, sin perjuicio de continuar con la audiencia ante la presencia de los otros dos involucrados.   El Dr. César Zaratiegui fue detallando caso por caso, de acuerdo a la participación de los imputados presentes, pidiendo una apertura de la investigación por el término de seis meses. Gente de diversos lugares: Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Los Altares y hasta un caso de una persona de Mendoza, se encuentra perjudicada por estas maniobras enmarcadas en el artículo 172 del Código Penal.   El Dr. Alejandro Defranco, juez de la Audiencia, accedió a escuchar los dichos de los damnificados. Una señora expresó: “accedimos con toda la buena fé y nos sacaron todo nuestro capital, quedamos devastados moralmente tras muchísimos años de sacrificios, pero esta gente se manejó con tanta maldad. Nunca nos reintegraron el dinero y encima amenazaron a mi marido”.   Un señor fue bien concreto en su denuncia manifestando: “de acá no me voy sin el auto, dije en esa oportunidad en el domicilio de ellos y esta señora salió con la excusa de buscar la tarjeta verde, pero Patricia Sendín volvió con el hijo y un matón, me dieron una paliza tremenda y aparecí tirado detrás de la escuela nro. 123”. Los testimonios se sucedían y la mayoría, mas allá de la defraudación mostraba además la actitud amenazante y agresiva utilizada en estos casos. “A mi esposo le dijeron: conozco a tu hija, como una forma de amenazarnos y a mi hijo no lo dejamos actuar en su momento porque la mujer estaba armada. Además siempre hay coches con ellos girando en torno nuestro”.   A partir de todo lo escuchado, tanto el Dr. Gabalachis como el Dr. Zaratiegui dieron a entender la existencia de algún peligro de entorpecimiento, haciendo constar la denuncia penal por amenazas y hasta lesiones, solicitando la prohibición de acercamiento a personas vinculadas como testigos y víctimas. En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal evaluará la posibilidad de calificar estas conductas denunciadas.   El Dr. Defranco autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria por todos los hechos presentados durante la audiencia, en el marco del artículo 172 por el término de seis meses, mientras que mediante el art. 274 será posible ampliar la acusación debido a nuevos hechos y contra otras imputados, sin necesidad de la realización de otra audiencia en tal sentido. En otro aspecto, dio por constituído como querellantes a los profesionales presentados y dispuso la prohibición a los imputados de acercamiento a domicilios de las víctimas.