El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Arnaldo Maza, pidió la apertura de investigación respecto a tres hechos relacionados con presunta estafa, en el marco del artículo 172 del Código Penal, en la modalidad de delito continuado, durante una audiencia llevada adelante hoy en el tercer piso de los tribunales.

  Resultó imputado Juan Carlos Moscardini, domiciliado en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, quien se hallaba presente junto a su defensor, el doctor Marcelo Gélvez.

  De acuerdo al relato fiscal, se le imputan al nombrado tres hechos, uno de ellos entre el 21 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, el segundo el 7 de enero del mismo año y el último el 15 del mismo mes, cuando se habría presentado en compañía de una o mas personas en el banco del Chubut, sucursal Belgrano, con documentación apócrifa de la cooperativa eléctrica de Trelew, donde constaban sellos, membretes y firmas de José Sandoval y José Luis Nahuelquín, con órdenes de transferencias por modo electrónico de pago hacia la cuenta corriente 01618585/1, Obraco S.A. del banco Superville de Quilmes por 183.417, 431.069 y 477.047 pesos respectivamente.

  Señaló el doctor Maza, que estaría acreditado el cobro por parte de Moscardini de 1052.533 pesos en el banco de Quilmes, lo que consta en dos facturas de 874.094 y 615.486 pesos, lo que habría ocurrido entre el 2, 7 y 16 de enero, para luego presentar dos órdenes de compra en la cooperativa eléctrica.

  Agregó que el doctor Uzcudún, representante  legal de la institución cooperativa, manifestó un desconocimiento total de las operaciones, reafirmando la no existencia de constancias u órdenes emitidas para la realización de las transferencias.

  En la audiencia, junto al fiscal, estuvo la abogada del banco del chubut, Claudia Isabel Jones, presentando el requerimiento para ser querellante, al sentirse este organismo también damnificado, a partir que en los hechos mencionados se indujo al banco a creer en la existencia y legitimidad de las transferencias llevadas adelante.

  La Juez, Patricia Asaro, procedió a dejar abierta la investigación por el término legal, fijado en el artículo 282 del Código Procesal Penal, que impone un plazo en tal sentido de seis meses.