En el inicio de la ronda de testigos en la causa “Royal Canin”, declaró la persona que realizó la denuncia penal sobre la presunta venta ilegal de las bolsas donados. Se trata de Gisel Manzanares, una docente que preside la Asociación Española de Socorros Mutuos de Puerto Madryn y que de manera particular se dedica a la atención de perros en situación de calle.
Fue quien gestionó ante la empresa “Royal Canin” las donaciones a enviar a la provincial del Chubut. Ante el visto bueno de la empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puso en contacto con la fundación “Alma” de la ciudad de Comodoro Rivadavia para que reciba las 491 bolsas de alimentos las que fueron fotografiadas al momento de la partida.
Dijo que desde esa fundación le manifestaron que las bolsas nunca arribaron. Al momento de realizar las primeras averiguaciones, observó que a través de las redes sociales, se vendía el alimento a mitad de precio, sin recomendaciones de veterinarios y solo posible a través de locales comerciales habilitados. Calificó lo ocurrido como “bochornoso y de una real bajeza” aprovechar la situación de emergencia, para concluir en que “el Ministerio de Familia se había quedado con las bolsas”.
El segundo testigo propuesto por el fiscal Iturrioz fue Juan Carlos Nuñez, quien en ese momento se encontraba adscripto a la Unidad especializada en delitos contra la administración pública, refirió “que la fiscal jefa de la ciudad de Trelew, Silvia Pereira estaba a cargo de la investigación en el inicio y le solicitó que tomará conocimiento de una denuncia radicada en la ciudad de Pto Madryn relacionada con una donación de alimentos para perros.
Nuñez manifestó que a través de las redes sociales se pudo conocer que se estaban vendiendo bolsas de alimentos a un precio bajo. A partir de estos sucesos se comenzó con la investigación junto a Mario Nahuelcheo y Ruben Kolher, bajo las directivas de la fiscal jefe de la ciudad de Trelew Silvia Pereira.
Nuñez también refirió “nos hicimos presentes en casa de Gobierno, estaba la ministro Huichaqueo y pudimos obtener documentación y verificar la falta de control, a partir de esta situación la fiscal jefa decidió ordenar un allanamiento a los depósitos que se encuentran camino a Playa Unión. Allí, la encargada Gisela Vanina Barale, “nos dijo que no existía ningún registro de las donaciones que se estaban realizando”. “En ese depósito no había nada, solo unos bidones de agua que estaban al sol y que ya no servían, ropa sucia, y ninguna bolsa de alimentos”. Hasta el momento lo único que se tenía eran unos remitos que fueron obtenidos en casa de gobierno y sabíamos que el flete entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia se había pagado desde coordinación de gabinete y del remito surgía que se trataba de 450 bolsas de alimentos para mascotas marca Royal Canin. Posteriormente, la fiscal jefa dispuso que la causa continúe en Comodoro Rivadavia con un fiscal de esa jurisdicción finalizó el investigador.
El tercer testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, fue Brian Elias, quien cumple funciones en la UFE, fue el encargado de realizar informes sobre publicaciones en la red de Facebook relacionadas con la campaña de donaciones durante la emergencia climática y las filmaciones sobre las distintas entrevistas que se realizaron conforme el pedido del fiscal Iturrioz.
El cuarto testigo Walter Daniel Ojeda, Sargento de la Policía de investigaciones, durante el año 2017 se desempeñó en el área de científica de la Policía Provincial. Fue el responsable de realizar el informe fotográfico.
Gisela Vanina Barale, quinto testigo, encargada del depósito, empleada municipal de la ciudad de Rawson, tenía rango de directora, refirió al momento en que se desarrolló la emergencia climática, “la situación era caótica” en los depósitos se guardaban alimentos, agua, y materiales de construcción. Llegaron tres camiones de Buenos Aires enviados desde Casa del Chubut. No se firmaban generalmente remitos refirió.
-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson
