En el marco de un nuevo juicio oral y público, un efectivo policial fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto de dinero cometido en Gan Gan.

La realización de este nuevo debate fue ordenada por el Superior Tribunal de Justicia, que revocó la absolución dictada en primera instancia contra Gabriel Alejandro Castillo (36) y dispuso la repetición del juicio al considerar que la devolución del dinero no había sido voluntaria, sino consecuencia de la intervención de terceros.

El hecho ocurrió en mayo de 2022 en la localidad de Gan Gan. Según se acreditó en el debate, el acusado, mientras se desempeñaba como policía, sustrajo una suma de dinero del interior de un vehículo estacionado. La maniobra fue advertida por testigos, quienes lo confrontaron, situación que derivó en la devolución inmediata del dinero.

En el juicio original, la jueza Patricia Asaro había resuelto absolver al imputado al entender que la restitución del dinero excluía el dolo necesario para consumar el delito. En su sentencia sostuvo que “el dolo, necesario para dar completitud al ilícito, desaparece cuando Castillo entrega íntegramente el fajo de $100.000 y vuelve a manos de su legítimo propietario”.

La Fiscalía cuestionó esa interpretación al sostener que la devolución no respondió a una decisión espontánea del acusado, sino a que había sido descubierto. “El desistimiento voluntario implica que el sujeto abandona el ilícito por decisión propia antes de ser descubierto o advertido. Aquí, Castillo no devolvió el dinero hasta que se le reclamó explícitamente, lo que podría invalidar la hipótesis de un acto voluntario”, argumentó la fiscal Ivana Berazategui.

Tras la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la realización de un nuevo debate ante otro magistrado.

Durante este segundo juicio, la fiscal Berazategui sostuvo la acusación y logró acreditar tanto la materialidad del hecho como la autoría del imputado, obteniendo finalmente una sentencia condenatoria.

La pena impuesta fue de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que el condenado deberá cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado en la sentencia.