Tres de los imputados en la causa emergencia climática deberán cumplir la condena con prisión efectiva. Se trata de Diego Correa, Marcelo Suárez y Diego Luters. Mientras que los otros seis también hallados culpables, purgarán penas de carácter condicional y pagar severas multas económicas.
La sentencia se conoció este viernes pasadas las 13 hs por el sistema de videoconferencia.
Se trata de los ex funcionarios públicos y comerciantes de Trelew que fueron hallados culpables de diversas delitos con distintos grados de responsabilidad, en la llamada causa por la “emergencia climática” en donde se probó que se armaron expedientes falsos para defraudar al Estado provincial, por un monto que según afirmaron los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, asciende a los 75 millones de pesos actualizados.
Fue entre marzo y abril del año 2017 cuando los habitantes de Comodoro Rivadavia y otras localidades del interior provincial atravesaron difíciles situaciones a raíz de condiciones climáticas adversas, y desde el Estado provincial se dispuso de ayuda que sirvió de marco para que se cometan los ilícitos investigados.
La sentencia del Tribunal
Acompañado por sus pares Jorge Novarino y Fabio Monti, fue el juez Miguel Caviglia que dio lectura a la sentencia. Tras deliberar, el tribunal dictó el siguiente fallo
Condenar a Diego Correa, a la pena de cuatro años y medio de prisión. Fue ex secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves, fue hallado culpable por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados).
Condenar a Diego Luthers, a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetúa. Integraba la Unidad Gobernador en carácter de secretario de Correa, fue hallado culpable por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados)
Condenar a Marcelo Suarez, a la pena de tres años y seis meses de prisión además de inhabilitación perpetua. Ex integrante del Ministerio de Familia. Quien fue hallado culpable por defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado diecisiete hechos consumados y catorce tentados
Condenar a Gisela Barale, a la pena de tres años de prisión condicional. Estaba a cargo del depósito del Ministerio de Familia, fue hallada culpable por Defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado doce hechos consumados y catorce tentados
Condenar a Leticia Huichaqueo a la pena de dos años de prisión condicional. Era ministro de Familia durante los hechos investigados. Fue hallada culpable por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (dos hechos tentados)
Condenar a Marta Fracasso a la pena de tres años de prisión condicional. Era dueña del comercio “Blanquería Matices”. Fue condenada por ser participe necesaria de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (seis hechos consumados y uno tentado). Pagar como reparación 2.200.000 pesos
Condenar a Estanislao Franco Finiguerra, a la pena de dos años y ocho meses de carácter condicional. Propietario de “Mall Don Bosco”, fue hallado culpable, como partícipe de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (tres hechos consumados). Pagar como reparación 6 millones de pesos.
Condenar a Bruno Taurelli a la pena de tres años de prisión condicional. Era uno de los responsables de “La Agrícola”, un comercio dedicado a las actividades rurales. Fue hallado culpable por ser partícipe necesario por defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (ocho hechos consumados y nueve tentados).
Condenar a Cesar Hughes a la pena de un año de prisión condicional de Tor SRL fue hallado culpable como partícipe necesario defraudación en perjuicio administración pública por administración fraudulenta (un hecho tentado)