Mediante un comunicado, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina se puso a disposición de las instituciones y el poder político “sin distinción de ideologías o intereses particulares” a fin de consensuar acciones inmediatas de combatir el narcotráfico, ya que “de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la República, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática”, necesidad de políticas de Estado “consensuadas y sostenibles”.

Acciones “prioritarias, urgentes y de fondo”, “estrategias conjuntas que aborden la problemática de manera federal”, necesidad de políticas de Estado “consensuadas y sostenibles” para evitar el avance “innegable” del narcotráfico, son algunos de los conceptos vertidos en el comunicado que al pie firmaron fiscales y procuradores de toda la Argentina.

Apocalipsis

Advirtieron además que en Argentina “nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos” y que “de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la República, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática”.

También expresaron su apoyo incondicional a sus pares de Santa Fe “que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional”.

Entre otros, el comunicado también fue firmado por el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena.

Texto completo

Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1-      Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.

Suscriben la presente: Alejandro Gullé –Presidente- (Procurador General Provincia de Mendoza), Jorge Crespo - Presidente- (Procurador General Provincia de Rio Negro), Eduardo Quatropani  (Fiscal General Provincia de San Juan), Julio Conte Grand (Procurador General Provincia de Buenos Aires), Juan Bautista Mahiques (Fiscal General de CABA), Jorge Barraguirre ( Procurador General Provincia de Santa Fe), Juan Manuel Delgado (Fiscal General Provincia de Córdoba), César Sotelo (Fiscal General Provincia de Corrientes), Jorge García (Procurador General Provincia de Entre Ríos), Jorge Miquelarena (Procurador General Provincia de Chubut), Luis Martínez (Procurador General Provincia de San Luis), Jorge Baclini (Fiscal General Provincia de Santa Fe), Tristán Lobo (Procurador General Provincia de Catamarca), Jorge Canteros (Procurador General Provincia de Chaco), Pedro García (Procurador General Provincia de Salta), Miguel Piñero (Procurador General Provincia de Misiones), Luis De La Rúa (Fiscal General Provincia de Santiago del Estero),  José Ignacio Gerez (Fiscal General de la Provincia de Neuquén).

Febrero 13 de 2023