En audiencia de debate, que se realizó en la oficina judicial de Rawson, también prestaron su testimonio, tres ex choferes de la secretaria privada de la unidad Gobernador.
Diego Luters, abrio la jornada de debate, es el ex secretario privado de quien estaba a carga de la unidad del gobernador, Diego Correa.
Luters dio detalles del funcionamiento y de cómo estaba organizado este grupo de personas con respecto al pago de retornos provenientes de la obra pública específicamente dio detalle en relación a la documental que fuera incautada en Marconi 340, domicilio de los padres, dicha diligencia cabe recordar que fue realizada en el marco de la causa Embrujo a cargo del Dr Rodríguez, en aquella diligencia se secuestraron varias planillas, las cuales reflejaban de acuerdo a lo declarado por Luters, que se pagaba un tres o un cinco por ciento de retorno, para que lo empresario accedan a sus acreencias totales, asimismo especificó cuales fueron las empresas que pagaron retornos sobre todo en la época en la que estaba a cargo Diego Correo específicamente. Luters, también hizo referencia en la declaración de hoy en particular a la pericia informática que fuera detallada por el perito Guillermo Figueredo del ETMs de la Procuración General, en relación a esta experticia el mismo se refirió a ciertos mensajes que vinculaban a las personas de Pablo Oca como también Alejandro Pagani ambos funcionarios, el primero ministro de Economía y otro de Infraestructura en relación al pago de retornos derivados de la obra pública. Estos mensajes reflejaban sin lugar a dudas el contacto asiduo y parmente que existía entre la unidad del gobernador a cargo de Diego Correa y Diego Luters, el cual cumpliendo órdenes de Correa, conformaba un engranaje clave para que vayan accediendo los empresarios a los diferentes pagos por las obras publicas. Básicamente este sistema reflejó como se destrababa la OPP dentro de estos organismos específicamente a través del sistema de las planillas utilizado.
Gonzalo Carpintero Paterson, se refirió en relación a los ilícitos por los cuales fuera acusado, se deslingo, en la primera parte de la asociación ilícita, diciendo que no tenía contacto con los empresarios que estaban vinculados a la obra pública y que no tenía contacto con los retornos pero si acepto que cobraba sobresueldos, los cuales le permitieron incrementar su patrimonio fuertemente sobre todo a partir de los años 2016 y 2017. Carpintero ofreció como bienes a entregar, tras reconocer ser responsable por el delito de enriquecimiento ilícito, una casa de grandes dimensiones, situada en la calle Neruda 3795, además un vehículo Toyota Sw 4 modelo 2017 y un terreno en Trelew. En su locución hizo mea culpa respecto a la actividad política y en relación a los sobornos y su aceptación no lo notaba como que estaba tan fuera de lugar, era un práctica común de ese entonces, indicó.
Asimismo manifestó que el tema del sobresueldo esta instaurado en la actividad política hace años y que desde “1983 se cobraban sobresueldos” y aceptó en su declaración, "que cobrar sobresueldo estaba mal".
Por último dieron su testimonio los ex choferes de la secretaria de la unidad del Gobernador, entre ellos reconocieron el camino del cheque que era abonado por parte de los empresarios, pagando así el retorno que le era exigido por Diego Correa, en efecto todos los choferes coincidieron en decir que iban a la sucursal del Banco Chubut y cobraban cheques menores al monto de 50.000 pesos lo que indica que ese dinero sea en efectivo, y no por deposito. De esta manera, el dinero en efectivo era entregado a Luters el cual lo guardaba en una de las oficinas o respectivamente en una mochila que llevaba. En el mismo sentido, reconocieron las firmas en los endosos de los cheques que tiene la fiscalía como evidencia, que fueron entregados por empresarios de la construcción para poder acceder a las acreencias y que les paguen por las obras públicas realizadas.
Cabe recordar que la presente causa surge de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en torno a la matriz de corrupción en Chubut por el pago de retornos a exfuncionarios del gobierno del Chubut a cambio de poder cobrar por obras públicas, durante los últimos años de la gestión del ex gobernador Mario Das Neves.
Los fiscales de la causa son Marcos Nápoli y Gustavo Núñez; los querellantes, Javier Stampone y Christian Martínez, por la Fiscalía de Estado; por la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Romeo y Guillermo Hansen.
Están imputados los exfuncionarios Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.
Los defensores son Federico Ruffa (Carpintero), Emilio Galende (Cisterna), Fabián Gabalachis (Oca y Correa), Jorge Rubiolo (Bortagaray) y Carlos Villada (Pagani). El defensor público Lisandro Benítez representará a Lüters, y Abdón Manyauik a Castillo. La causa incluye asociación y enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho
Producido por el Área de Comunicación Institucional Rawson.
