De esta manera resolvió el juez penal, en concordancia con lo solicitado por la fiscalía, luego de concluida la audiencia en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca. La causa elevada a juicio es en relación a un hecho acontecido entre el 8 de febrero de 2012 y el presente, y tiene como imputados a Víctor Leiva y Blanca Coiguin. En la audiencia se rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa y se elevó la causa a juicio por un tribunal unipersonal.

Presidió el acto Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Martín Cosmaro, funcionario de fiscalía, en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por Matilde Cerezo, defensora pública. También se encontraban presentes en la audiencia la víctima y su esposo.

Luego de la presentación de las partes, el funcionario de fiscalía hizo un relato acotado del hecho al sostener que en la acusación formulada se han reunido los elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados el pasado 8 de febrero de 2012 ingresaron a un predio en el Cordón Forestal, propiedad de la víctima. Para ello destruyen un candado del portón de ingreso y una topadora derriba árboles. Despojando  de la posesión del predio a la víctima y manteniéndose en él hasta la fecha. Calificando el hecho como “usurpación” en calidad de coautores para Leiva y Coiguin.

Por su parte la defensora solicitó el rechazo de la acusación ya que “no se ha acreditado mediante títulos de propiedad” que la supuesta víctima es la propietaria del predio en cuestión. A su entender la acusación está “mal formulada” y por ello solicitó el sobreseimiento de sus pupilos; ya que a su entender el lugar estaba “abandonado y no hubo violencia, ni amenaza ni engaño”. Es decir que “el delito no se ha cometido”, concluyó la defensora. Por su parte los imputados accedieron a su derecho a declarar en su descargo.

Seguidamente le funcionario sostuvo que si existió violencia, que no era un terreno fiscal y que se encontraban dados todos los presupuestos para considerar la conducta de los imputados encuadrada dentro del delito de usurpación.

Finalmente el juez penal rechazó la solicitud de sobreseimiento, y luego de producirse el ofrecimiento de prueba documental y testimonial de la causa, decidió elevar la causa a juicio oral y público “ya que la acusación fiscal ha sido clara y precisa respecto al hecho” y se han cumplido los requisitos exigidos por la ley.