Audiencia de ampliación en causa por la emergencia climática en Comodoro
La mañana del presente martes se llevó adelante una audiencia de ampliación en referencia a la investigación por la emergencia climática en Comodoro que tiene 14 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017.
El fiscal se refirió en detalle a la ampliación de la extensión de daño causado en la investigación, en tanto que los hechos y la calificación legal provisoria siguen siendo las mismas. La investigación culmina el próximo lunes 8 de noviembre del corriente año. Expresando el fiscal que “las maniobras del imputado Astiz se pudieron hacer merced a los estrechos vínculos de amistad que tiene con Carlos Linares”. Calculando “la sumatoria del perjuicio económico en $170.000.000”.
Por su parte el defensor de Boyero y Monasterolo, Guillermo Iglesias sostuvo que a su criterio “hay un déficit en la acusación, desde el punto de vista objetivo”. Respecto de Monasterolo “una cosa es la acreditación defectuosa de las labores y otra que el trabajo no se haya hecho, es decir que no hay perjuicio para el Estado”, concluyó el defensor.
La defensora Garro no planteó objeción a la ampliación, y el defensor Quiroga dijo coincidir con el planteo del defensor Iglesias. Por su parte el defensor Gabalachis expresó que la presente audiencia es una proyección de lo que sucederá el próximo lunes con la preliminar, así que no planteó objeción. Finalmente, la defensora Sadino se dio por notificada de la ampliación de objeto y quedó a la espera de la acusación del caso.
Por último, la jueza penal resolvió en base a los fundamentos y las manifestaciones realizadas por el fiscal, tener por ampliado los hechos y por notificados los imputados de los mismos.
Emergencia climática en Comodoro:
Como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister, relató el fiscal. Calificando provisoriamente la mayoría de los 25 hechos relatados como “fraude a la Administración Pública, en concurso real con falsedad ideológica”, en calidad de autor o partícipe necesario para los imputados.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
Presidió la audiencia de ampliación la jueza penal María Laura Martini, subrogando a la jueza natral de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Palomeque la ejerció María Cristina Sadino; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara por María de los Ángeles Garro, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Javier Morales por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias abogado particular de los mismos y la de Astiz por Fabián Gabalachis.
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