Audiencia de apertura de investigación por asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público IPV local
En horas del mediodía del jueves se ejecutó en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de apertura de investigación por hechos acontecidos entre diciembre de 2011 y octubre de 2014 que tiene como imputados a Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla y Alejo Recalde. La fiscal solicitó se les formalice la apertura de investigación a los 7 imputados en base al delito de asociación ilícita en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de jefe para Reyna, de organizador para Acosta y de partícipes a los otros imputados. Las defensas de Reyna y Acosta coincidieron en que también debían estar imputados en la causa Trovant y Buzzi; en tanto que la de los restantes cinco imputados argumentó que no se dan las condiciones para proceder a la apertura para sus defendidos.
El acto fue presidido por Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Camila Banfi, fiscal general y Martín Cosmaro, funcionario de fiscalía; la defensa de Reyna estuvo ejercida por Guillermo Iglesias; la de Acosta por Francisco Miguel Romero; y la del resto de los imputados por Esteban Mantecón.
En un primer momento la fiscal hizo mención brevemente al hecho a investigar cuando los imputados entre diciembre de 2011 y octubre de 2014 tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados viviendas del IPV. Asimismo obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barro Ciudadela. Realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local. Asimismo Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPV local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.
El edificio del IPV local durante la gestión de Reyna fue dividido en dos, una parte donde entraba la gente común por la calle Rivadavia y la otra por la calle Asturias donde se concretaban las maniobras irregulares, aseguró la fiscal. También mencionó Banfi el otorgamiento de viviendas a cambio de “favores sexuales”. Solicitando finalmente el plazo de seis meses d investigación y la prohibición de acercamiento de los imputados al IPV y de comunicarse con los testigos para evitar el peligro de entorpecimiento, mientras dure la investigación.
Por su parte el defensor de Reyna no se opuso a la apertura más allá de la disconformidad. Asegurando que no hay reglamentación sobre cómo adjudicar viviendas y que ello es un recurso político que tiene el Estado para dar vivienda a quién necesita. A su entender no hay asociación ilícita sino expedientes que no tramitaban de manera regular, el dolo es muy difícil de probar. Que Trovant haya sido el denunciante es risueño, aseguró Iglesias, porque él tendría que estar acá imputado, igual que Buzzi ya que las órdenes venían de Rawson. Deberían estar los mandos políticos coimputados con los hoy presentes.
En idéntico sentido se pronunció el defensor de Acosta, “no tenemos ningún funcionario importante sentado aquí con los acusados, en referencia a Ricardo Trovant y Martín Buzzi. Asegurando que se presentará a fiscalía para realizar un pedido de investigación de ellos en la causa. Existe un cohecho activo y otro pasivo, no hay que olvidarse. Si los habitantes de las 81 viviendas de Ciudadela no cumplen los requisitos, son ocupantes ilegales o usurpadores, argumentó. Oponiéndose a la medida sustitutiva a la prisión preventiva de prohibición de acercamiento al IPV y a testigos ya que a su entender carece de sentido y fundamento y afectaría garantías constitucionales.
Seguidamente el defensor de los otros cinco imputados se opuso a la apertura de la investigación preparatoria para sus pupilos ya que no se dan las condiciones para proceder a ello. De todo lo relatado por la fiscal no mencionó ninguna actividad o una persona que haya involucrado a mis asistidos, dijo. Son empleados de segunda o tercera categoría y la supuesta asociación ilícita no involucra a ninguno de ellos. Respecto a la medida sustitutiva de prohibición de acercamiento refirió que no es una cuestión de pedir por pedir ya que afectaría el derecho a trabajar de sus pupilos.
Finalmente la jueza penal resolvió formalizar la apertura de investigación preparatoria para los 7 imputados ya que el relato del hecho por parte de la fiscal fue claro y minucioso. Dando por anoticiados a los imputados del hecho y la calificación legal esgrimida por la acusadora pública. Estableciendo finalmente el plazo de seis meses para concluir con la investigación y la prohibición de acercamiento al IPV y a los testigos solicitados por Banfi.
