La funcionaria Verona Dagotto solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva de los tres imputados al entender que subsisten los presupuestos por los cuales se les dictó la medida. Fue un hecho de detención en flagrancia, la peligrosidad del mismo, mencionando el tema de la pericia a un arma secuestrada, como también los testimonios que se tomaron que coinciden en afirmar que hubo un disparo dentro del local. También mencionó la probabilidad que “todo indicaría que el arma era apta para el disparo y que fue percutada dentro del local comercial”. Solicitando la medida de coerción por la existencia del peligro de fuga, por la actitud de los imputados frente a la víctima y la importancia del daño causado; como también por los elementos de convicción suficientes para tener a los imputados como probables autores del hecho investigado. Basó su solicitud en el peligro de entorpecimiento que conllevaría la soltura de los mismos. Por todo ello solicitó se mantenga la prisión preventiva de los tres imputados hasta la audiencia preliminar.

Por su parte la defensora oficial Cristina Sadino solicitó la libertad de sus pupilos y en forma subsidiaria la prohibición de acercamiento a las víctimas; y en segundo subsidio la prisión domiciliaria nocturna para ellos. Negando que existiera una detonación dentro del local, como también la no existencia de violencia. Remarcó que en la audiencia de formalización se les dictó la prisión preventiva por un mes, considerando el juez que ello era suficiente para que la fiscalía practique las pericias y todas las medidas de investigación necesarias. Mencionó que ninguno de sus asistidos ha violado la prohibición de acercamiento a las víctimas ni al local comercial.

Finalmente la juez penal, Margarita Pfister, resolvió morigerar la prisión preventiva que vienen cumpliendo los imputados por la prisión domiciliaria nocturna y la prohibición de acercamiento a las víctimas y el local donde aconteció el hecho.