Claudio Petris, juez de la Cámara Civil de la circunscripción Esquel y Cecilia Bagnato, procuradora de Fiscalía, brindarán una capacitación a empleados de la Oficina Anticorrupción y de la Fiscalía. La actividad se realizará el jueves 28 de noviembre de 16 a 18 hs. en la sede de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Esquel.
El daño ambiental ha sido un tema de creciente preocupación en las últimas décadas, y su abordaje desde el derecho penal se ha vuelto cada vez más relevante. En Argentina, la Ley Yolanda (Ley 27.592) ha marcado un hito en la lucha contra los delitos ambientales, estableciendo un marco normativo que obliga a la capacitación en materia ambiental de todos los funcionarios públicos.
El daño ambiental y el derecho penal
La Ley Yolanda, promulgada en 2020, es una iniciativa pionera en América Latina que busca garantizar una formación integral en materia ambiental para todas las personas que se desempeñan en el sector público. Esta ley se enmarca en la necesidad de transversalizar la temática ambiental en la gestión pública, asegurando que los funcionarios comprendan la importancia de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en sus decisiones y acciones.
La capacitación obligatoria en materia ambiental no solo se dirige a los funcionarios políticos, sino también a los operadores de la justicia penal, para que puedan entender y aplicar adecuadamente las normativas ambientales en sus investigaciones y decisiones judiciales.
Delitos Ambientales en Argentina
En Argentina, los delitos ambientales abarcan una amplia gama de conductas que van desde la contaminación de recursos hídricos hasta la deforestación y el tráfico de fauna silvestre. Algunos de los delitos más comunes incluyen:
- Contaminación ambiental: La descarga ilegal de sustancias tóxicas en ríos y lagos, que afecta la biodiversidad y la salud humana.
- Deforestación: La tala indiscriminada de bosques, especialmente en áreas protegidas.
- Tráfico de fauna silvestre: La captura y comercio ilegal de especies en peligro de extinción.
- Aprovechamiento ilícito de recursos naturales: La extracción no autorizada de recursos minerales y forestales.
Estos delitos no solo tienen un impacto directo en el medio ambiente, sino que también afectan a las comunidades locales, que dependen de estos recursos para su subsistencia.
Condenas por Delitos Ambientales
Las condenas por delitos ambientales en Argentina varían según la gravedad del delito y el daño causado. Las penas pueden incluir prisión, multas significativas y la obligación de reparar el daño ambiental causado. Por ejemplo, en casos de contaminación grave, los infractores pueden enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y multas que pueden ascender a millones de pesos.
Además, la Ley Yolanda también establece la necesidad de implementar medidas de compliance ambiental para prevenir la comisión de estos delitos, lo que implica la adopción de protocolos y sistemas de monitoreo para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales.
Importancia de la Capacitación de los Operadores de la Justicia Penal
La capacitación de los operadores de la justicia penal es crucial para garantizar una aplicación efectiva de las leyes ambientales. La especificidad de la materia demanda estar debidamente capacitados para entender la complejidad de los delitos ambientales y las normativas que los regulan. Esto no solo permite una mejor aplicación de la ley, sino que también contribuye a la prevención de estos delitos al disuadir a los potenciales infractores.
La capacitación también incluye la formación en nuevas tendencias del derecho penal ambiental, como la tipificación del ecocidio como delito grave (como la matanza de pingüinos), que implica la destrucción masiva de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Este enfoque ecocéntrico, que considera a la naturaleza como sujeto de derechos, es una tendencia que está ganando terreno en América Latina y que requiere una comprensión profunda por parte de los operadores de justicia.
Por un futuro sustentable
La Ley Yolanda representa un avance significativo en la lucha contra los delitos ambientales en Argentina. Al establecer la capacitación obligatoria en materia ambiental se asegura una mejor comprensión y aplicación de las normativas ambientales. Esto no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también fortalece el estado de derecho y la justicia en materia ambiental. La capacitación continua y la actualización de conocimientos son esenciales para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
