La medida fue solicitada por tercera vez por la Fiscalía y otorgada nuevamente por el juez penal. Fernanda Révori indicó que con el avance de la investigación se fue haciendo más clara la participación de los imputados en el hecho. Las características del crimen, el número de autores, la pena que podría caberles de ser condenados y la imperiosa necesidad de proteger a los testigos, fueron algunos de los fundamentos para el pedido de la continuidad de la medida de coerción por otros dos meses.
La fiscal adelantó que se encuentra en etapa de confección de la acusación pública. Los elementos de cargo reunidos hasta el momento se presentan a sus ojos como suficientes para llevar a los imputados a juicio. Sin embargo, Révori considera que con los imputados en libertad no logrará que se presenten cuando sean convocados, e incluso, es previsible que amedrenten a los testigos para que no declaren en juicio.
El defensor, Daniel Sandoval, volvió a poner en tela de juicio la prueba de cargo. Calificó de abuso, la reiteración del pedido de dos meses de prisión preventiva. Insistió con que la regla durante el proceso es la libertad y no el encarcelamiento y concluyó solicitando al juez la libertad de todos los imputados, supletoriamente una presentación semanal o cada tres días ante la Oficina Judicial y en última instancia, si fueran desechadas esas opciones, el arresto domiciliario.
El juez Martín Zacchino, señaló que si bien existe presunción de inocencia, a esta altura de la investigación, aparecen, según la Fiscalía, más elementos a favor de la tesis de responsabilidad de los imputados en el hecho que se investiga. Contrariamente a la lectura de la Defensa, el magistrado entendió que es una muestra de prudencia de la acusadora, que en lugar de pedir la prisión preventiva hasta el juicio lo haga en períodos de dos meses, dando mayores controles a favor de los imputados.
Zacchino consideró que hay probabilidad de fuga y de entorpecimiento procesal. Valoró el hecho, su gravedad, la participación de múltiples agresores y la gravedad de la amenaza de pena (si prosperara la calificación principal que propone la Fiscalía, sería de prisión perpetua). Ponderó la existencia de ocho testigos que aportarían información importante en relación al crimen y sus autores y concluyó en que el pedido es razonable y proporcional.
La nueva medida vencerá el 15 de julio.
