El fiscal Ezequiel Forti y la funcionaria Mónica Caveri, procuran probar en juicio que los cinco acusados cometieron el delito de usurpación sobre un establecimiento rural ubicado sobre ruta provincial Nº 12. La defensora particular Sonia Ivanoff, niega la autoría de sus defendidos y plantea que se trata de un conflicto por tierras ocupadas por pueblos originarios lo que no puede dirimirse en sede penal.

Forti expuso ante el juez Jorge Novarino, que la Fiscalía probará en el debate que el 20 de Noviembre de 2021 los imputados, Ángel Quilaqueo, Héctor Quilaqueo, Gabriel Nahuelquir, Hugo Quilaqueo y Hernán Quilaquéo, ingresaron clandestinamente al puesto denominado “La Tapera” de un Establecimiento Rural, sito sobre Ruta Provincial Nro. 12. Su ingreso habría sido a caballo y a pie, colocaron carpas, armaron un campamento y colocaron candado y cadena en una tranquera. Añadió el fiscal que a 5 km del lugar, siguiendo por el camino, destruyendo los límites; desarmaron el alambrado, desmanearon la tranquera llevándosela del lugar y colocaron dos postes de eucalipto de 1.40 metros; en el poste derecho una vara de aproximadamente 4 metros con una bandera de la comunidad mapuche. Desde entonces se mantienen realizando una ocupación de ese predio con aproximadamente 20 animales vacunos y 20 yeguarizos. Indicó Forti que con este accionar, impidieron el ingreso a su propietario y luego a los herederos de este, despojándolos de la posesión, invadiendo la propiedad y mantendo la ocupación.

Los acusadores procurarán probar su caso demostrando por un lado la titularidad legal de la tierra por parte de los daminificados, la secuencia de los hechos de acuerdo a la denuncia, las intervenciones policiales y la declaración de vecinos linderos y la autoría de los imputados. Respecto de la clandestinidad, Forti resaltó que las personas que ingresaron al predio ocultaban sus rostros y se negaron a identificarse.

Ivanoff adelantó las líneas en las que versará el caso de la defensa. Rechaza la autoría de la usurpación por sus defendidos y para esto sostiene que recién pudo realizarse la identificación de las personas que estaban en el predio, tres meses después de la fecha que sostiene la acusación que ocurrió el ingreso al lugar. En definitiva, la estrategia de la defensa es desvincular a sus defendidos del acto de usurpación y sostener que la ocupación de la tierra que mantienen no es un delito, más aun tratándose de pueblos indígenas el conflicto debe resolverse en otro ámbito.

Mas de treinta testigos declararán a lo largo de tres jornadas.