El viernes a la tarde un sujeto abrió la puerta de una camioneta que estaba sin llave, sacó una billetera, la revisó y como vio que se estacionaba el patrullero, la arrojó a un patio. El hecho así relatado aparenta baja gravedad, sin embargo toma otros ribetes al mencionar que el presunto autor había estado vinculado a otro delito contra la propiedad el día anterior y que suma una larga lista de hechos de este tipo. En la audiencia realizada el sábado se dispuso su prisión preventiva por treinta días.
El viernes y el sábado fue llevado a los Tribunales por la policía, con distinta suerte. En la audiencia del viernes su detención fue declarada ilegal por el juez. El magistrado entendió que no estaba dada la cuasi flagrancia alegada por la funcionaria de turno. El Fiscal Jefe asistió a la audiencia luego de un breve cuarto intermedio, para solicitar una revocatoria o la revisión de la decisión judicial por otros jueces. El pedido fue rechazado y el imputado quedó en libertad. No tardó mucho en volver a la Comisaría.
Ese mismo día a las 20:20 hs. fue visto por personal policial que patrullaba el centro, en 9 de Julio casi Fontana. Desde el móvil observaron cuando abría la puerta de una camioneta estacionada, sacaba algo del interior, lo revisaba y al ver a la policía cerraba la puerta del vehículo, caminaba un par de metros y arrojaba el objeto al patio de una vivienda. Los uniformados lo detuvieron, constataron que se trataba de una billetera con dinero y documentación. La propietaria del rodado manifestó que era de su hijo y que estaba dentro del vehículo.
El sábado se realizó una audiencia en la que fue declarada legal la detención y se formalizó la investigación. La funcionaria, María Elena Cimadevilla, solicitó que se disponga la prisión preventiva por el plazo de un mes. El pedido fue fundado en la reiteración de hechos contrarios a la ley en los que se vio involucrado y en los antecedentes del incidente de ejecución de la condena que cumplió en la cárcel y en distintas comisarías. Su comportamiento evidencia a criterio de la Fiscalía, los peligros de fuga y de entorpecimiento.
El imputado negó el hecho y la Defensa a cargo de Carolina García, se opuso a la prisión preventiva por tratarse de un hecho menor que prevé una pena de las más bajas del Código Penal. La letrada señaló que el imputado tiene arraigo y que no hay posibilidad de entorpecimiento.
El juez José Colabelli consideró probados los riesgos de fuga y de entorpecimiento y dispuso la prisión preventiva por un mes, entendiendo que es razonable y proporcional, considerando que el imputado no podría acceder a una pena de cumplimiento en suspenso en caso de recaer pena por los distintos hechos sobre los que se sigue investigación en su contra.
Este lunes la Fiscalía solicitó varias medidas de investigación para completar las actuaciones policiales en relación a los dos últimos hechos.