El juez fijó fecha de lectura de sentencia para el miércoles próximo a las 16 hs. La fiscalía solicitó la absolución de Raúl A. Huera y la declaración de responsabilidad del resto. El querellante acusó a todos los imputados por el segundo de los hechos, en tanto que adhirió al pedido absolutorio de Huera en relación al primero. El defensor cuestionó la credibilidad de los testimonios de las víctimas y pidió la absolución de todos los imputados.
Rivarola abrió su alegato explicando lo difícil que resulta para un fiscal acusar a policías, ya que se trata de personas con las que se trabaja cotidianamente. En este caso concreto se refirió puntualmente a Ismael Cerda y a Andrés Ramírez como "hombres que me merecen el mejor concepto, hastaeste hecho".
En su análisis de la prueba, el acusador entendió que la denuncia de los damnificados se corrobora en la lectura conjunta de la prueba. También resaltó que cuando se habla de vejaciones no hay que buscar lesiones de consideración, de haberlas se hubiera imputado las lesiones. Vejaciones es todo trato humillante que mortifique moralmente a una persona y esto es lo que tanto el fiscal como el querellante pretendieron probar. Omar López citó el testimonio de la psicóloga del SAVD, Verónica Masciarelli. La profesional encontró diversos síntomas de stress postraumático en las víctimas. Por su parte Rivarola explicó que un mismo acto puede en unas circunstancias ser considerado irrelevante y en condiciones diferentes, en las que el actor pasivo se encuentre indefenso, fuera de su medio habitual, limitado físicamente, etc., constituirse en un acto vejatorio. La sucesión de actos degradantes a la que habrían sido sometidas las víctimas, muchas de ellas menores de edad, deben ser calificados como vejatorios, concluyeron los acusadores. López planteó que debe considerarse individuales a las conductas que afectaron a cada uno de los damnificados y aplicársele las reglas del concurso. También llamó a la reflexión social sobre ciertas formas de proceder de la policía que se encuentran naturalizadas, que son socialmente aceptadas, pero que en sí mismas constituyen abusos del poder que se les confiere a los uniformados para velar por los ciudadanos y no para atemorizarlos.
Por su parte el defensor Marcos Ponce hizo fuerte hincapié en que los denunciantes faltaron a la verdad y que eso se evidenció en sus declaraciones en juicio. También señaló que no puede achacársele la coautoría o participación por omisión a quienes no estuvieron en los sectores donde los denunciantes dicen que fueron maltratados, porque no podían tener conocimiento de qué ocurría en ese sitio si es que allí hubiera sucedido algo irregular.
Respecto de algunos de los tramos de la declaración de los denunciantes sostuvo que "hablaron de una golpiza de una entidad que es incomprensible que les deje unas pequeñas excoriaciones en el cuerpo y ninguna otra secuela". También agregó que en ningún momento pudo haber la cantidad de personas que dicen ellos que había al momento de "la pasarela". La "pasarela" fue descripta por las víctimas como una doble hilera de policías a lo largo de un pasillo, por entre la cual los hacían pasar para ser golpeados por los uniformados en la medida en que iban avanzando.
Previo a los alegatos declaró Cerda. Dio su versión sobre lo sucedido, explicó como se llevaron a cabo los procedimientos, los motivos por los que los menores fueron trasladados a comisaría y en qué consistió su actividad en relación a cada uno de los procedimientos. También dijo que él no se enteró de ninguna irregularidad como las denunciadas aquellas noches y que está seguro de que si hubieran existido lo sabría. Cuando le preguntó el fiscal qué cree el que podría llevar a que los denunciantes les atribuyan actos vejatorios si no existieron, sostuvo que se trata de personas que tienen bronca a la policía porque suelen estar vinculados a hechos delictivos y eso los lleva a un encono particular con quienes los investigan.
El miércoles 19 a las 16 hs. se conocerá la decisión adoptada por el juez Jorge Criado.
