El Procurador General Adjunto Emilio Porras Hernández participó, junto al resto de los Procuradores del país, en la elaboración de una “Declaración de los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina” sobre Narcocriminalidad.
DECLARACIÓN DE LOS CONSEJOS FEDERALES DE PROCURADORES,
FISCALES GENERALES, DEFENSORES Y ASESORES GENERALES Y DE
POLÍTICA CRIMINAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE
NARCOCRIMINALIDAD
EN EL MARCO DEL PRIMER CONGRESO DE NARCOCRIMINALIDAD
CELEBRADO BAJO LA ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CONSCIENTES DE LA GRAVEDAD E
IMPORTANCIA QUE REVISTE LA PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRÁFICO, LOS
CONSEJOS FEDERALES QUE AGRUPAN A TODOS LOS FISCALES GENERALES
Y PROCURADORES GENERALES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y DE
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CONSIDERAN QUE ES
INDISPENSABLE PRONUNCIARSE SOBRE EL MODO EN QUE SE LLEVA A
CABO LA GESTIÓN JUDICIAL RESPECTO DE LOS DELITOS RELACIONADOS
A LAS DROGAS. ENTIENDEN QUE LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA
DEMANDA UNA REACCIÓN URGENTE, QUE EMPIECE POR DECIR LO QUE
HAY QUE DECIR, EN PARTICULAR AQUELLO PARA LO QUE MAÑANA
PODRÍA SER DEMASIADO TARDE: ES NECESARIA UNA FÉRREA Y ESTABLE
POLÍTICA DE ESTADO SOBRE ESTE TEMA.
LA ACTUAL GESTIÓN JUDICIAL DE LOS DELITOS DE TRÁFICO DE
DROGAS EN EL ÁMBITO FEDERAL CONDUCE A LA IMPUNIDAD DEL
LLAMADO NARCOMENUDEO O MICROTRÁFICO, QUE ES EL VÍNCULO DE LAS
ORGANIZACIONES DEDICADAS AL NARCOTRÁFICO CON LA COMUNIDAD, YA
QUE LA JUSTICIA FEDERAL SE HA VISTO IMPOSIBILITADA DE ABORDARESTA CLASE DE DELITOS. CONSIDERAN QUE ESTA SITUACIÓN PUEDE
REVERTIRSE APROVECHANDO LA FORTALEZA DE LOS MINISTERIOS
PÚBLICOS FISCALES DE LAS PROVINCIAS PARA LA PERSECUCIÓN DEL
NARCOMENUDEO, ATENTO A LA SUPERIORIDAD CIENTÍFICA –POR LOS
COMPLEJOS LABORATORIOS DE QUE DISPONEN- Y SU MEJOR
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL.
PROMUEVEN, CONSIDERANDO LA EXPERIENCIA EXITOSA EN LAS
PROVINCIAS QUE ADHIRIERON A LA DESFEDERALIZACIÓN PARA
CONFRONTAR EL TRÁFICO DE DROGAS DE MENOR ENVERGADURA, QUE
ESTA DECISIÓN SE ADOPTE EN TODAS LAS PROVINCIAS Y EN CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PUESTO QUE ELLO PERMITIRÍA UNA
EFICAZ POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL, QUE SE TRADUCIRÍA EN
UNA SIMILAR PRESIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN CONTRA
DE ESTE FENÓMENO CRIMINAL. LAS PROVINCIAS QUE HAN
DESFEDERALIZADO EXHIBEN IMPORTANTES LOGROS EN CONDENAS DE LOS
VENDEDORES DE DROGAS, Y NO SE HAN CONCENTRADO EN LA
PERSECUCIÓN DE CONSUMIDORES, QUE SON CONVOCADOS AL PROCESO
COMO TESTIGOS Y NO IMPUTADOS. CONSIDERAMOS QUE ES POSIBLE QUE
LA JUSTICIA PROVINCIAL Y LA JUSTICIA FEDERAL EJECUTEN
ACTIVIDADES COORDINADAS Y EFECTIVAS, COMO OCURRE EN
EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES COMO LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, DONDE SE HAN ADOPTADO MODELOS DE INTERVENCIÓN
CONJUNTA MÁS FLEXIBLES QUE EL VIGENTE EN NUESTRO ÁMBITO, QUE
PUEDEN SER CONSIDERADOS PARA REVISAR EL MODELO DE
DESFEDERALIZACIÓN ARGENTINO. FINALMENTE, INSTAMOS A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES QUE PROVEAN EL APORTE ECONÓMICO QUE
LA LEY ESTABLECE DE MANERA EXPRESA, QUE DEBE ASIGNARSE A LAS
PROVINCIAS ADHERIDAS AL DENOMINADO SISTEMA DE
DESFEDERALIZACIÓN QUE PREVÉ LA LEY 26.052, PARA FORTALECER LA
ACTIVIDAD DE LAS QUE YA INGRESARON A ESTE RÉGIMEN, Y HACER
MÁS PREVISIBLE LA SITUACIÓN DE LAS QUE AÚN DEBEN INCORPORARSE, PARA LOGRAR EFECTOS CONTUNDENTES CONTRA LA EXPANSIÓN DE LA NARCOCRIMINALIDAD.