Causa Kimey Co
En la causa que investiga las presuntas estafas en la venta y administración de lotes, declaró Jorge Almirall, imputado por “estafa, administración infiel, hurto de energía eléctrica, robo de agua potable y uso de documentos públicos falsos en concurso real con estafa”. Acompañado de su defensor particular, presentó distintos documentos ante los fiscales. “Nadie estuvo obligado a comprar”, afirmó.
La audiencia se realizó la mañana del jueves en los Tribunales de la ciudad y ante el Juez Hernán Granda, el imputado hizo alusión a distintos documentos y declaró ante el magistrado y los fiscales. “No fue un loteo para estafar a nadie, fue un emprendimiento productivo” explicó Almirall y denunció a Servicoop. “Permanentemente ha estado atentado contra el proyecto y contra mi persona. Han estado permanentemente boicoteando los servicios y bloqueando el otorgamiento de los derechos”, indicó.
Almirall está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de “estafa, administración infiel, hurto de energía eléctrica, robo de agua potable y uso de documentos públicos falsos en concurso real con estafa”. Según la denuncia radicada y la investigación preliminar, en el proyecto de urbanización del loteo que Almirall dirige, los servicios de agua y electricidad se brindarían a través de conexiones clandestinas; los boletos de compra venta no estarían escriturados e inducían a error a los compradores y también existirían firmas falsificadas para obtener la regularización municipal de los inmuebles, entre otras irregularidades. Aunque durante la audiencia, el imputado dijo que “esto jamás fue una estafa. Esto fue un proyecto productivo de utilización de agua de reuso” y agregó que “nunca hubo engaño. Hay un error de interpretación que hace que esto pueda parecer engañoso a la gente”. El imputado, que decidió no contestar preguntas de la fiscalía, también acusó a los denunciantes, quienes junto a sus abogados particulares estuvieron presentes escuchando la declaración. “Los vecinos hicieron una falsa denuncia, que fue la que provocó la acción judicial” acusó Almirall.
Con respecto a la causa, la Fiscalía posee un plazo de investigación preliminar de un año por ser una causa compleja. “Se vendieron más de 600 lotes y la cantidad de victimas y delitos imputados es amplia. Se debe analizar toda la documentación desde el año 2006 a la fecha, y se deben realizar pericias contables, caligráficas, etc.” indicó la Fiscal Marcela Pérez. Cumplido dicho plazo, la fiscalía deberá presentar y fundar una probable acusación para someter al imputado a juicio oral y público.
Mas datos sobre la causa: http://www.mpfchubut.gov.ar/blog/?p=7054
[gallery link="file" columns="9"]
