Una abogada local y el ex concubino de la mujer fallecida fueron imputadas por administración fraudulenta en los bienes de sucesión de dos niñas.
Luego de la muerte de la madre de dos niñas, el ex concubino se hizo cargo de las hijas y se lo nombró administrador de la sucesión. En el tramite de sucesión, iniciado en el año 2001 ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad, se presentó con el patrocinio de una abogada local, a quien le dio un poder para que también administre la sucesión y de esta forma, tanto el ex concubino como la abogada iniciaron un proceso sucesorio. Aunque de numerosos expedientes que manejan los fiscales surgió preliminarmente que los administradores de la sucesión realizaron maniobras defraudatorias en perjuicio de las dos menores, “disponiendo y disfrutando los frutos de distintos bienes, así como ocultando la existencia de otros bienes, lesionando con todo ello los intereses de los sucesores”.
LA GRAN ESTAFA
Los administradores de la sucesión “omitieron” rendir cuentas sobre dos inmuebles céntricos y tampoco acreditaron el destino de sumas de dinero superiores a los $30.000 pesos. Además, también “omitieron” escriturar un inmueble adquirido con posterioridad ni acreditaron el destino ni las utilidades de las propiedades de la herencia. Sumado a todo esto, los dos administradores “olvidaron” incluir bienes en la sucesión que deberían haber ingresado en la herencia, como por ejemplo dos vehículos. Uno de los cuales fue vendido por la abogada. También los fiscales poseen pruebas que el ex concubino de la mujer fallecida, que se encontraban separados al momento de la muerte de la mujer, adquirió tres lotes por un valor de $90.000 en carácter de administrador judicial de la sucesión, pero dicha compra no fue mencionada en el expediente de la sucesión. A su vez, la abogada también habría cobrado la pensión que debían recibir las niñas y cobraba el alquiler de una vivienda que era de la sucesión desde el año 2001, todo ello sin rendir cuentas.
De esta forma, el Ministerio Público Fiscal imputó a las dos personas por el delito de “administración fraudulenta”, ya que “omitieron la rendición de cuentas de bienes y fondos como administradores de una sucesión”. Cabe destacar que el articulo 173 del Código Penal, en su articulo 7, reprime con prisión de un mes a seis años al que “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. La audiencia de apertura de investigación por esta causa se realizará el próximo miércoles a las 9 de la mañana en los Tribunales locales.
