“La volatilidad y el anonimato de las criptomonedas exigen respuestas ágiles de la Justicia penal”
El procurador adjunto de Chubut, Marcos Fink, participó de un panel sobre técnicas especiales de investigación y planteó la urgencia de incorporar billeteras digitales, personal especializado y regulación específica para enfrentar el avance del uso de criptoactivos en actividades delictivas
El avance de los criptoactivos como forma de ocultamiento y transferencia de valor obliga al sistema judicial a adaptar sus herramientas de investigación. En el marco de las jornadas sobre narcocriminalidad desarrolladas en Puerto Madryn, el procurador adjunto Marcos Fink expuso sobre la necesidad de incorporar nuevas capacidades operativas y legales para asegurar estos bienes digitales en el contexto de investigaciones complejas. En esta entrevista, detalla los principales desafíos que enfrenta el Ministerio Público Fiscal frente a esta nueva realidad y los pasos que está dando la provincia para avanzar en este terreno.
—¿En qué consiste el proyecto de incautación de criptoactivos y cuál es su objetivo principal?
—El objetivo principal es poder asegurar este tipo de bienes digitales en el marco de una causa penal, al igual que ocurre con otros bienes patrimoniales. Actualmente, los criptoactivos se están convirtiendo en una vía habitual de ocultamiento de dinero o transferencia de valor. El objetivo es dotar al Ministerio Público Fiscal de herramientas legales y operativas para poder rastrear, intervenir y preservar esos activos durante una investigación.
—¿Por qué es importante avanzar en un marco legal específico para este tipo de bienes?
—Porque los criptoactivos presentan características que los hacen muy distintos a los bienes tradicionales. Son extremadamente volátiles, su valor puede cambiar drásticamente en poco tiempo, y además pueden transferirse de manera remota y casi instantánea. Todo esto implica riesgos procesales concretos si no se actúa con rapidez y precisión técnica.
—¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy los fiscales al momento de incautar criptomonedas?
—Uno de los mayores desafíos es el modo en que están almacenados. No es lo mismo una billetera en un exchange internacional que una billetera fría en un dispositivo físico. Otro punto es que, a diferencia del dinero en efectivo o los bienes muebles o inmuebles, los criptoactivos no pueden ser depositados en una cuenta bancaria oficial ni resguardados por entidades tradicionales. Por eso, se requieren soluciones innovadoras y específicas.
—¿Qué medidas se adoptaron en Chubut para avanzar en este campo?
—Se adoptó normativa específica de la Procuración General de la Nación, que orienta cómo actuar frente al secuestro o embargo de estos activos. En el caso de nuestra jurisdicción, cuando se logra una incautación, la custodia está a cargo de la Oficina de Secuestros de la Oficina Judicial (OFIJU), aunque hoy no cuenta con los medios tecnológicos adecuados para su resguardo. Por eso, estamos evaluando la contratación de billeteras virtuales oficiales, la adquisición de dispositivos físicos —billeteras frías— y el entrenamiento de personal técnico que pueda intervenir rápidamente los equipos, resguardar las claves privadas y almacenar las palabras semilla en un entorno seguro.
—En las jornadas que se están desarrollando en Chubut se destacó la importancia de la colaboración entre entidades, ¿Qué rol tiene la cooperación internacional cuando los criptoactivos se encuentran en billeteras o exchanges fuera del país?
—Es un aspecto central. Muchas veces, los exchanges están radicados en jurisdicciones con normas muy laxas o escasa colaboración. Se requiere articular con organismos internacionales, redes de fiscales, tratados de asistencia mutua y relaciones bilaterales para poder intervenir con éxito. Sin esa cooperación, recuperar activos digitales puede volverse prácticamente imposible.