Se desestimó la denuncia por no existir delito. Además se valoró la resolución de la Cámara de Apelaciones, que indica que la sanción de la ordenanza fue “constitucional”, y que fueron los mismos denunciantes quienes aprobaron la norma.

El caso se inició por la denuncia de los concejales Alejandra Marcilla, Mabel del Mármol, Diego Lacunza y Virginia Menghini por la presunta comisión de los delitos de “incumplimiento/violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” en relación a la venta de lotes que integran el denominado “Loteo Sur”, ocurrida en noviembre del año pasado.

Los hechos a investigar eran la comisión de una presunta conducta delictual por parte de integrantes del Ejecutivo Municipal por “omisión antijurídica”, respecto a los principios contenidos en la Constitución Provincial, Ley Orgánica y Ordenanzas relacionadas a la venta de tierras, y una posterior ampliación en donde se sospecha del manejo de los fondos de la venta de los lotes, sobre si efectivamente los mismos ingresaron a las arcas de la Municipalidad. Este último extremo fue disipado por la Justicia con la documentación requerida a la Secretaria de Hacienda, en donde surgió que la suma recaudada por la venta de los lotes fue depositada en las distintas entidades bancarias que posee cuenta el Municipio y destinada al pago de sueldos.

Investigación exhaustiva

“Fue una investigación exhaustiva”, indicaron desde el Munisterio Público Fiscal, detallando que luego de radicadas las denuncias se solicitó a los órganos correspondientes, Ejecutivo Municipal y Deliberativo, todos los antecedentes y normativa relacionada con dicha operación de venta, como así se procedió a entrevistar a los compradores de los lotes en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la compra denunciada; resultando de relevancia el análisis del Expediente 108/2012 respecto al ordenamiento económico y financiero del Municipio. Asimismo, se analizaron los audios de la sesión donde se sancionaron las ordenanza, se requirió información a Bancos y se realizaron tasaciones de mercado; dándole además intervención al equipo técnico interdisciplinario de la Procuración General, con participación de peritos.

También se analizó que en esa supuesta colisión de normas, las ordenanzas en cuestión fueron sancionadas por los mismos denunciantes, a excepción de la Concejal Marcilla. “Detalle no menor –agregaron desde la Fiscalía en su resolución- es que la legislación mencionada fue dictada por nueve votos afirmativos de los concejales Gabella, Moreyra, Lacunza, Menghini, Villahoz, Peroy, Vega, Del Mármol y Sudan; y con el voto negativo del Concejal Giménez y las abstenciones de los Concejales Berzon y Marcilla”.

Constitucionalidad de la ordenanza

La constitucionalidad de la ordenanza tuvo análisis y sanción en el amparo presentado por el edil Pedro Giménez ante el Juzgado de Ejecución y sobre el cual, recurso de apelación por medio, la Cámara de Apelaciones de esta Ciudad declaró la constitucionalidad de las ordenanzas. “No obstante que dicha resolución no resulta vinculante en la investigación de los hechos, si debe sostenerse que aquella cuestión que se denunciaría respecto a la colisión de normas como conducta antijurídica, ha quedado zanjada; sin dejar de mencionar que en esa supuesta colisión de normas las ordenanzas en cuestión fueron sancionadas por los mismos denunciantes, a excepción de la Concejal Marcilla”, indica la resolución emitida por el Ministerio Público Fiscal.

Resolución completa:  Loteo_Sur_Desestimacin_Denuncia.pdf