El posible fraude, estimado en casi 150.000 pesos en perjuicio de dos niñas huérfanas, es investigado por la Fiscalía de Puerto Madryn.

POR PRESUNTO FRAUDE, EMBARGARON LAS CUENTAS DE UNA ABOGADA DE PUERTO MADRYN

En la causa que investiga la presunta administración fraudulenta de una sucesión, en perjuicio de dos niñas huérfanas, se encuentran imputados el ex concubino de la difunta y su abogada. El juez Gustavo Castro -a pedido de los fiscales- dispuso el embargo de las cuentas de la abogada, quien además está imputada por falsificación de documentos públicos junto a una contadora de Rawson.

La abogada Estela Elvira Reginatto está imputada por “administración fraudulenta” en los bienes de sucesión de dos niñas, junto al ex concubino de la mujer fallecida, Federico Greslebin. Además de esta calificación, Reginatto también está imputada por “falsificación de documentos públicos”. Esto sucedió en abril del año pasado, pero ahora y en base a nuevas pericias, los fiscales pidieron el embargo de las cuentas de la abogada por el monto de casi 150.000 pesos, lo cual fue dispuesto por el juez Gustavo Castro días pasados.

La calificación jurídica del delito que investigan los fiscales es “administración fraudulenta en carácter de coautores” porque ambos administradores de la sucesión –tanto la abogada como el ex concubino- habrían omitido rendir cuentas de bienes y fondos, y porque habrían realizado maniobras de disposición falsas y con pruebas inexistentes. Además, habrían vendido todos los bienes inmuebles y retirado los fondos de la cuenta bancaria abierta en la sucesión, generando un posible un vaciamiento en el patrimonio de las herederas”.

La causa

A partir de la muerte de la madre de dos niñas, Federico Greslebin -el ex concubino- fue nombrado administrador judicial de la sucesión y en el trámite, que se inició en 2001 ante el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, se presentó con el patrocinio de la abogada Estela Elvira Reginatto, a quien le dio un poder para que también administre la sucesión. De esta forma, tanto el ex concubino como la abogada, iniciaron un proceso sucesorio.

En la investigación preliminar que llevó a cabo la fiscalía se analizaron diversos expedientes, de los cuales surgió que los administradores de la sucesión habrían realizado maniobras defraudatorias en perjuicio de las dos menores, “disponiendo y disfrutando los frutos de distintos bienes, así como ocultando la existencia de otros bienes, lesionando con todo ello los intereses de los sucesores”.

En ese marco el fiscal jefe Daniel Báez, conjuntamente con la asesora de Familia, Carolina Van Domsselar, requirieron imputar a Federico Greslebin y a Estela Reginatto por el delito de “administración fraudulenta”. Pero además, la abogada también fue imputada por un presunto hecho de “falsificación de documento público”, el cual involucraría a la escribana Maria Cristina Ojeda, de Rawson. Esto es porque las letradas habrían realizado la falsificación la firma de la mujer ya fallecida para vender un automóvil.

Los fiscales pidieron el embargo de la abogada

En el marco de las investigación para llevar la causa a juicio, los fiscales descubrieron que “la masa de bienes denunciada en la sucesión ya no se encuentran en el acervo hereditario (...), puesto que los administradores, a lo largo de su gestión, y conforme las constancias que surgen de la presente investigación, han vendido todos los bienes inmuebles y retirado los fondos de la cuenta bancaria abierta en la sucesión, desconociéndose el destino de todo ese dinero, habiéndose realizado de ésta forma un vaciamiento en el patrimonio de las herederas por parte de los administradores”.

Las maniobras “habrían sido llevadas a cabo por los imputados abusando de la confianza que les fuera depositada y en violación de los derechos de las herederas, que resultaban menores de edad, todo lo cual podría haber redundado en un posible beneficio ilegítimo de los imputados”, indica la causa. En éste sentido, los fiscales solicitaron una medida cautelar con la cual “se procura que los efectos del delito, cuya investigación se promueve, no se consumen y es objeto de la función del juez, al disponer la medida en cuestión, evitar el agotamiento de la actividad delictual”. Se “debe garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, reconociendo la Convención la atribución a éstas de reclamar ante los tribunales, a través de la tutela judicial efectiva” indicaron desde la fiscalía para solicitar el embargo de la abogada que habría, junto al ex concubino, administrado fraudulentamente la sucesión de dos niñas.