Juicio abreviado por abuso sexual simple agravado contra una menor de trece años

La Fiscal Rita Barrionuevo y el Defensor Público Marcelo Catalano, peticionaron al juez Alejandro Rosales, la homologación del procedimiento de juicio abreviado, en el marco de una causa penal contra un sujeto de sesenta y ocho años, imputado por el delito de abuso sexual simple (cuatro hechos) agravado por haber sido cometido contra una menor de trece años.

El acusado, es la pareja de la abuela de la víctima. (Por tratarse un vínculo familiar directo entre el imputado y la víctima, los protocolos de información recomiendan no brindar las identidades completas, a los fines de evitar el proceso de revictimización). En este contexto, el magistrado, dispuso analizar la seriedad y el alcance del acuerdo presentado a los fines de dar a conocer su sentencia mediante una notificación que será enviada a las partes el próximo jueves.

En la ocasión, la Fiscal Barrionuevo, indicó que realizaron una presentación conjunta con el Defensor Público Marcelo Catalano a los fines de solicitar que se imprima el trámite de juicio abreviado. A ello agregó que la familia de la víctima y el acusado se encontraban en conocimiento del contenido y las características de este procedimiento  

Después, la representante de Fiscalía, desarrolló los casos investigados. En este sentido, indicó que se trata de tres hechos que ocurrieron entre el mes de marzo del año 2017 y 23 de diciembre del año 2020, en la vivienda de la abuela de la víctima.

En tanto, un cuarto hecho de abuso se habría registrado en el mes de enero de 2020, en una zona de pesca ubicada a orillas del río Senguer, en la localidad de Facundo. Los abusos se iniciaron cuando la víctima tenía once años de edad, y continuaron hasta que la adolescente cumplió catorce años.

En todos los casos, el imputado, realizaba un uso intimidatorio de su rol de autoridad, por ser esposo de la abuela de la víctima, y así quebrantaba la voluntad de la menor.  

Luego, enumeró y fundamentó los medios de prueba testimoniales y documentales que la fiscalía pretende presentar en las audiencias de debate. Con respecto a la calificación legal escogida, la investigadora, sostuvo que se trata del delito de abuso sexual simple (cuatro hechos) contra una menor de 13 años, mediante uso intimidatorio de la autoridad.

Asimismo, se refirió a los atenuantes y agravantes del caso, que fueron tomados en cuenta para determinar la pena a imponer. En consecuencia, propusieron que el acusado reciba una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de cumplimiento de reglas de conducta.

Dichas normas consisten en la fijación de domicilio y presentación ante el servicio de control cada tres meses durante el plazo de la condena. También debe ser evaluado por el Cuerpo Médico Interdisciplinario Forense a los fines de determinar la necesidad la realización de un tratamiento psicológico.

Por último, la Fiscalía, solicitó al Juez Rosales, una orden de prohibición de contacto y acercamiento personal, telefónico o por uso de redes sociales, entre el acusado y la víctima     

Juicio abreviado

El instituto de juicio abreviado consiste en un acuerdo elaborado por las partes y con consentimiento del acusado. En consecuencia, el imputado, renuncia a su derecho de presentarse a un juicio oral y público. También debe reconocer la existencia de los hechos por los que fue denunciado, admitir su participación y aceptar la pena y reglas de conducta, acordadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública.

En ese marco, el acusado (S.D) reconoció los hechos, admitió su participación y aceptó la pena de prisión, las reglas de conducta y la forma de cumplimiento. Por su parte, el abogado defensor Marcelo Catalano, manifestó su adhesión a la propuesta presentada por la representante de Fiscalía.

Así las cosas, el Juez Rosales, dispuso que luego de analizar la seriedad y el alcance del acuerdo, dará a conocer su resolución el jueves 02 de noviembre.

En la audiencia también estuvieron presentes el abogado Alfredo Ramírez Asesor subrogante de Menores y Familia, e integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D)

¿Por qué los chicos tardan en contar que están siendo abusados?

La guía elaborada por UNICEF para tomar acciones y proteger a los niños y niñas del abuso sexual infantil, refiere una serie de motivos que garantizan el “secreto”:

• El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte.
• Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia.
• Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron.
• Evitan ser estigmatizados y rechazados.
• Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.
• Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: carecen de interlocutores válidos dispuesto a creer en sus palabras.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y operadores judiciales, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.

Educación sexual integral como modo de prevención y protección

Hablar de conocimiento y cuidado del propio cuerpo, formar a los niños y adolescentes en sexualidad, ofrece un marco de referencia, claridad, mayor confianza en sí mismos, conocimiento de sus derechos y, entre otros aspectos, los habilita a hablar con mayor naturalidad de lo natural y también a identificar sin dudas y denunciar lo que no lo es.

La denuncia 

Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado