Un juicio oral y público relacionado con la presunta estafa en la comercialización de automóviles, tuvo el viernes último su jornada de alegatos, donde las partes intentaron fortalecer las diferentes posiciones en torno a situaciones denunciadas por numerosos habitantes de diferentes lugares del país.

  En efecto, desde el Ministerio Público Fiscal, a quien se sumaron algunos abogados como qurellantes, se impulsó un cúmulo de casos investigados desde hace años, presentándose la acusación en mayo de 2010. De acuerdo a lo manifestado por el Fiscal General César Zaratiegui, unos 27 hechos fueron verificados, pero al momento del Juicio se aceptó la presentación de una veintena de ellos, aunque tratándose en concreto cerca de quince, debido a lo complicado del tema, el acuerdo prestado por las partes y la decisión del juez Fabio Monti.

  El abogado particular Gustavo Latorre tuvo a su cargo el primer alegato, en representación de una perjudicada, que junto a su pareja se constituyó en mayo de 2009 al domicilio de Emilio Nicolás, para vender su automóvil Ford Fiesta, modelo 2008, a raíz de haber leído el aviso correspondiente en el diario.

  Le exhibieron a Nicolás los papeles del vehículo que estaban en la guantera (formularios, libre deuda, tarjeta verde, constancia del seguro y título de propiedad) y éste les pidió el vehículo para probarlo, a lo que accedieron.

  El imputado se fue en el auto y ellos esperaron en su casa, volviendo al cabo de unos minutos sin el automóvil, acompañado por su madre, Patricia Sendín, aduciendo que ya lo había vendido y debían ir a una escribanía ubicada en Don Bosco 290 de Trelew para firmar los papeles.

  Previo a todo esto, ya habían firmado en la casa del probable estafador un boleto de compra - venta en blanco, y una vez en la escribanía, una autorización para que pudiera retirar la prenda en la agencia Fiorasi de Puerto Madryn, pautándose el precio del auto en 37.000 pesos. Realizado el trámite, Nicolás con su madre se retiraron del lugar señalando que irían a buscar el dinero, no regresando nunca más.

  Durante su alocución, Latorre señaló que debía imprimirse especial atención en estos casos a la prueba testimonial, dado que la defensa seguramente se iba a ceñir a lo estrictamente técnico que eran los documentos firmados. En ese sentido, destacó el ardid mencionado anteriormente, preguntándose que razón asistiría a su cliente y también a los numerosos testigos escuchados a lo largo del juicio para endilgarle la responsabilidad a los imputados.

  Habló de negociación jurídica y del quiebre de la confianza o la buena fé, que debe existir primordialmente en operaciones de este tipo, resaltando las situaciones perjudiciales que aún hoy deben soportar las víctimas de estas maniobras. Pidió se declare la responsabilidad penal de los imputados como presuntos coautores, evaluando además los dichos del escribano, un testigo acercado por la defensa, cuando intentó despojarse de cualquier tipo de responsabilidad respecto a los hechos, sin siquiera ser consultado sobre el particular.

  El Fiscal General César Zaratiegui reafirmó los dichos del abogado, en un alegato que se prolongó mas de una hora, donde fue detallando cada uno de los catorce casos planteados en el debate. Puso especial énfasis en el fortalecimiento de los testimonios, esgrimiendo a tal fin la cantidad de gente que depuso durante las jornadas, cuarenta personas, pero principalmente la calidad de los mismos, tratándose de individuos que no se conocían entre ellos, pero que sin embargo fueron contestes en el modus operandi del cuál resultaron víctimas, que al describirlos resultaron ser similares al ya relatado por el querellante particular.

  Mencionó al igual que Latorre, el concepto de negocio jurídico utilizado como escudo del delito llevado adelante, por lo que se constituye en un hecho criminalizado. Fue dando a conocer caso por caso, las operaciones y los perjuicios económicos  causados en cada uno de ellos, refiriéndose a las situaciones vividas por gente de Trelew, Los Altares, Rafaela (Santa Fé), Dolavon , Rawson y otras localidades del país, estimando los diferentes montos, los cuales son una muestra cabal de la estafa.

  Tanto Zarariegui, Latorre, como también la querellante particular, doctora Barcena, solicitaron que Roberto Nicolás, Patricia Sendín y Emiliano Ezequiel Nicolás sean declarados coautores de estafa, delito enmarcado en los artículos 172 y 45 del Código Penal.

  Los defensores Oscar Romero y Abdón Manyauik comenzaron cerca de las 15 a desarrollar sus respectivos alegatos, enfatizando tal como se preveía la constancia de la prueba documental para salvar la responsabilidad que les cabría a sus clientes.

  El Juez Fabio Mont comunicó que dará a conocer el veredicto en la jornada que tendrá lugar el próximo viernes 8 de junio a partir de las 12 horas.

Juicio Oral y Público - Audiencia de debate

Juez: Fabio Monti

Fiscal: César Zaratiegui

Querellantes particulares: Gustavo Latorre y doctora Barcena

Defensores: Oscar Romero y Abdón Manyauik

Imputados: Roberto Nicolás, Patricia Sendín y Emiliano Nicolás

Lugar: sala 4- segundo piso - Tribunales de Trelew