Una nueva instancia se dio en el juicio oral y público por la muerte del joven Julián Antillanca, ocurrida el 5 de septiembre de 2010, al presentar la acusada Gabriela Bidera un pedido de suspensión de juicio a prueba, que contemple su situación personal. Así lo hizo a través de su defensora, María Laura Martensen, al reiniciarse el debate a las 12, una hora después de lo previsto, en el sexto piso de los tribunales.

  Lo cierto es que el tribunal integrado por los doctores Barrios, Arguiano y Di Biasse, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta las 15, para resolver esta solicitud que sugiere la imposición de trabajos comunitarios por dos años, durante sesenta horas, en una escuela de Puerto Madryn, para la acusada por encubrimiento de homicidio agravado. Esta postura defensiva contó con el acuerdo de la fiscal general Mirta Moreno y la oposición de la querellante Verónica Heredia.

  Mas allá de los deseos de la parte acusadora para darle continuidad al juicio en forma inmediata, habiendo testigos convocados y video conferencias programadas, los jueces fueron inflexibles, indicando que deben resolver sobre lo presentado antes de proseguir con el evento. Antes, Gabriela Bidera señaló las dificultades personales por las que atraviesa, manifestando que hace cuatro años está pasando por esta situación, siendo sostén de familia y viéndose impedida de poder trabajar, ocasionando serias dificultades a sus hijos.

  A las 15 se espera una resolución del cuerpo colegiado sobre este particular, y al fin darle continuidad a la deposición de testigos, convocados en forma reiterada para distintos horarios en estas últimas jornadas. Julián Antillanca fue encontrado sin vida el 5 de septiembre de 2010, y por esto se encuentran acusados los policías Solís, Córdoba, Abraham, Morales y Sandoval, que cuentan con el asesoramiento legal de los abogados Fabián Gabalachis y Gustavo Castro.