Una férrea postura del Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscal General Jefa Mirta Moreno, oponiéndose a una nueva suspensión del juicio oral y público tendiente a juzgar la conducta de Martín Espiasse, fue tenida en cuenta por el tribunal de enjuiciamiento, que ordenó el inicio de la audiencia de debate tras evaluar los informes presentados y observar las dilaciones manifestadas por el propio acusado en esta causa.

  En efecto, las expresiones de la doctora Moreno, quien estuvo acompañada por la funcionaria de fiscalía Claudia Ibáñez, pusieron de manifiesto lo que se entiende como actitudes de mala fé, maliciosas y dolosas de parte del imputado y su defensora, Patricia Froitoru, una profesional que habría informado su nueva aceptación como abogada de Espiasse, aunque sin una comunicación oficial al respecto. Esto había sido dado a  conocer por el defensor público Sergio Rey al presentar una cuestión previa al desarrollo del juicio.

Violación al Código

  La Fiscal se basó en el artículo 92 del Código Procesal Penal, en el párrafo que refiere: "durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no podrá renunciar a la defensa hasta que el designado comunique su aceptación". Por otro lado, indicó que estas demoras en el comienzo del debate son generadas por incidentes de mala fé procesal, teniendo en cuenta el artículo 97, en relación con el 122 del mismo Código.

  El primero de los mencionados indica que el abandono de la defensa, la renuncia intempestiva y la falta de expresión de la concurrencia de intereses contrapuestos entre mas de un asistido constituirá una falta grave, que provocará la formación de un incidente de conducta. En tanto el 122 habla directamente de la buena fé con la que deberán litigar las partes, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el Código concede.

  Justamente esta violación es la tenida en cuenta por el Ministerio Público Fiscal para exigir el comienzo inmediato del juicio oral y público con la defensa que a Espiasse le tocare en suerte, sin perjuicio que la defensora aludida pueda hacerse cargo en un futuro. Esta última habría comunicado la imposibilidad de presentarse ya que se encuentra en otra contienda procesal, que podría tener sus alegatos entre el 15 y 22 de este mes, según se dijo.

Periplo

 Tanto la Fiscal, cuya presentación tuvo la adhesión del representante de la Fiscalía de Estado, Eduardo Díaz y el querellante particular por la señora Leiva, Javier Romero, como el informe brindado por la oficina judicial, dejaron en claro que desde el 15 de octubre de 2010, cuando se efectuó la primera audiencia de control, hasta esta instancia, fueron numerosos los cambios de los defensores, generándose diversas suspensiones y notificaciones.

  Así, Martín Espiasse informó el 15 de marzo de 2011 que sus defensores eran Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, pero el 20 de diciembre de 2011 aparece en escena la abogada Patricia Froitoru, comunicándose el 20 de marzo de 2012 sobre la conformación de tribunal y fecha de juicio, la que es fijada el 25 de abril de 2012. Sin embargo, el 15 de ese mes renuncia la profesional, a lo que se suma luego la confirmación de Latorre sobre el desistimiento para tal fin, viéndose obligado el acusado a ser asistido por un defensor público, recayendo tal responsabilidad en Sergio Rey.

  A su vez, ante lo voluminoso del caso, el doctor Barrios resolvió imponer como nueva fecha del juicio el 7 de mayo, pero ese mismo día en una nueva audiencia, coordinada por la oficina judicial, se determinó su realización el 13 de junio, llegándose a esta situación.

El juicio se hace

  El tribunal integrado por los jueces Darío Arguiano, Patricia Asaro y Gustavo Castro, con la presidencia del primero, acordaron con los argumentos vertidos por la Fiscal General Jefe, y tras escuchar las justificaciones del propio Espiasse, decidieron el inmediato comienzo del juicio oral y público. El acusado volvió a insistir con su derecho a defensa, las condiciones paupérrimas de su detención y los impedimentos a los que se habría visto impuesto en este tiempo, hablando de ser tratado como un perro y negando una dilación de su parte.

Insistencia

  De todas maneras, una vez comenzado el debate y expuestas las pretensiones por la parte acusadora a través de la Fiscal, el representante de la Fiscalía de Estado y el querellante particular, nuevamente el defensor Sergio Rey pidió en nombre de su cliente la suspensión del juicio, lo que fue negado, solicitando entonces revisión por dos jueces y reserva federal del caso, rechazándose lo primero y concediéndose lo segundo.

   Otra vez la palabra fue de Martín Espiasse, el que se niega a ser defendido por Rey, exponiendo divergencias insalvables a la vez de exigir la aceptación de su defensora y luego recusar a la doctora Asaro por entender que actuó en la causa a través de audiencias donde estuvieron imputados otros involucrados en el mismo hecho.

  El magistrado Darío Arguiano, en permanente consulta con sus colegas del cuerpo colegiado, señaló que la defensa pública actúa como unidad funcional y el titular de ese organismo designa a quien debe actuar en cada oportunidad, pudiendo determinar el cambio de persona, de acuerdo a las diferentes solicitudes de los interesados. Luego resolvió continuar con el juicio oral y público mañana a las 8,30, informando que las jornadas se extenderán durante la mañana hasta las 12,30 y por la tarde continuarán, de ser necesario, de 14 a 17 en la sala de audiencias de la Cámara del crimen, sexto piso de tribunales.

Acusaciones

  Martín Alejandro Espiasse está acusado de haber participado en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2007 en Rawson, como uno de los integrantes de la banda que intentó el robo en el cajero del Ministerio de Economía, cuando resultaron muertos los policías Rearte y Cruzado.

  Fugado de la zona, posteriormente fue detenido en Mendoza, donde permaneció en tal condición desde septiembre de 2007, tras haber protagonizado un robo agravado por el que recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión. Después intentó fugarse en dos oportunidades, descubriéndose su identificación falsa bajo el nombre de Matías Lagos González.

  Mientras el resto de los protagonistas de lo sucedido en Rawson estan condenados con penas que van desde la prisión perpetua a los doce años, Espiasse afronta desde hoy el juicio oral y público, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal, por homicidio doblemente calificado para lograr impunidad en carácter de coautor, según artículos 80, inciso 7mo. y 45 del Código Penal.

  La Fiscalía de Estado anunció que buscará endilgar a Espiasse la jefatura de la banda, mas allá de acordar con la acusación expuesta por la doctora Moreno, mientras el patrocinante de María Rosa Leiva intentará demostrar la coautoría funcional de homicidio críminis causa, con una posibilidad subsidiaria de partícipe primario.