Cerca de las dos de la tarde finalizó su alegato el Ministerio Público Fiscal, donde se pidieron condenas de hasta seis años de prisión para los involucrados en presuntas maniobrar fraudulentas contra el Banco del Chubut, como así también no hubo solicitudes para tres de los imputados (va nota aparte). La parte final de la alocución ante las partes estuvo a cargo del Fiscal General, Dr. Daniel Baez quien expresó:

Señores jueces:

A lo largo de este debate, por momentos hemos sentido vergüenza ajena en el ejercicio de nuestra misión de ilustrar al tribunal sobre las razones que justificaron este proceso, este juicio oral y nuestro pedido de condena. Hemos sido testigos de la cara más cruda de la corrupción, con funcionarios y empresarios promiscuamente fundidos en la indigna misión de vaciar las arcas de nuestro banco provincial, con la política provincial como invisible telón de fondo. A lo largo de cuatro extensas y agotadoras jornadas, hemos recorrido hasta sus entrañas esta compleja maniobra financiera, que demandó más 10 meses de juicio oral poner al desnudo. Este juicio ha servido, además, para demostrar que efectivamente nunca hubo conflicto de intereses entre la mayoría de los imputados: hemos visto defensores que defendieron de modo simultáneo a funcionarios y a empresarios imputados, un perito que trabajó tanto para funcionarios como para empresarios imputados, etc. El modo de ubicarse en esta audiencia de debate también ha sido un mensaje en sí mismo.

Es evidente que entre ellos efectivamente existía un interés común: perjudicar al Banco del Chubut desde ambos lados del mostrador.

De otro modo, ¿por qué Barcia elige a un pariente y socio de los Fernandes como abogado defensor en esta causa? Una muestra más de la promiscua relación entre funcionarios y empresarios, de las tantas que hemos analizado en este juicio.

Quizás sea como resumió el testigo Román en un pasaje de su declaración. Quizás haya que cambiarle el nombre al Banco del Chubut, y poner en el letrero “Banco Fernandes”.

A lo largo de este caso, además, hemos visto el fantasma de la política sobrevolar varios relatos. Nunca sabremos hasta qué punto ello ha sido así, pero además de las declaraciones que hemos escuchado en este juicio, otros documentos obrantes en esta misma causa nos dan algunos indicios.  Un informe de la Inspección General de Justicia, en la que se ve que Carlos Maestro fue síndico titular de Geosur entre los años 1986 y 1992. Precisamente Geosur, una empresa que también hemos visto sobrevolar como un fantasma en esta audiencia, incluso mencionada como supuesta intermediaria entre Aridos Fontana y el Grupo Fernandes. En el epílogo de nuestro alegato, es muy difícil sintetizar en pocos minutos lo que mucha gente relacionada con esta investigación ha vivido a lo largo de estos años. Son muchos los momentos, los recuerdos, y sobre todo los sinsabores, que vienen a nuestra mente. Recordemos, por ejemplo, el escándalo que generó hacia dentro del propio banco, la operación identificada como “Chacra 8” que se utilizó para licuar el millonario descubierto en cuenta corriente de la firma Aridos Fontana: Tampoco nos olvidamos que a lo largo de este proceso se ha demonizado hasta el cansancio al ex Director y luego Procurador General Samamé. Pero nadie puso igual empeño en solicitar su comparendo para confrontarlo, pudiendo hacerlo. Como representantes del Ministerio Público Fiscal de esta Provincia, queremos reivindicar el trabajo de todos los funcionarios públicos que desde sus distintos lugares (Policía, BCRA, Poder Judicial, etc), a menudo con escasez de recursos pero con abundancia de pasión, han aportado su trabajo, su tiempo y sus desvelos para que estos hechos pudieran investigarse seriamente y ser llevados a un juicio oral. Queremos agradecer especialmente, también, a todos los testigos que nos han ayudado a lo largo de estos años a alcanzar la verdad de estos hechos infames para la memoria colectiva de nuestra Provincia, pese a que ninguno de ellos nunca desconoció que del otro lado estuvo siempre el poder, agazapado pero latente. Mostrando a través de pantalla gigante, un título del diario jornada de aquella época donde se titula la información de amenazas a jueces relacionados con la investigación indicó: Ni los jueces han escapado a este clima de amedrentamiento. Queremos agradecer también a algunos medios de comunicación, no todos, que han puesto su interés en los hechos de esta causa desde el primer día, y que han ayudado a poner luz entre tantas sombras. Han honrado, así, su profesión de periodistas: no como otros, que han privilegiado la “libertad de empresa” por sobre la “libertad de prensa”. Hubo épocas, muy recientes en nuestra historia local, en las que se quiso ocultar estos hechos escandalosos del escrutinio de la opinión pública. Se intentó silenciar a la prensa durante la época en que estos hechos ocurrían, generando un vergonzoso antecedente en perjuicio de la República Argentina. En efecto, en repetidas ocasiones se han invocado en este juicio los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y se ha sugerido incluso que este caso terminará -de un modo u otro- en dicho ámbito. Sin embargo, lo que no se dice es que este caso ya está en el sistema interamericano desde hace varios años, tal lo que se puede observar en un extracto del Informe sobre Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial de los años 2003 y 2001, en relación con nuestro país. Imaginemos por un momento la cantidad e importancia de las peticiones o denuncias que recibe por año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los 4 hechos relevados en materia de libertad de expresión de nuestro país, uno tuvo que ver con los hechos de esta causa. Un motivo más de vergüenza para nuestra Provincia, y para nuestra Nación también. Una pequeña digresión: en este informe se alude a “publicidad oficial”. Es evidente que hasta para los organismos internacionales, en este caso la ComisiónIDH, el Banco del Chubut forma parte de la administración pública de esta Provincia.

Pero aquí estamos… culminando un juicio que algunos apostaban que nunca se haría. Cuánto se equivocaron. No hay ensañamiento con nadie, como tampoco hay impunidad para nadie. Así también lo entendieron los propios empleados del banco. No nos olvidemos que el salvaje saqueo de unos pocos contra el Banco del Chubut tuvo su punto cúlmine en enero de 2002, cuando la casi totalidad de los Gerentes de la Casa Matriz tuvieron el coraje de enfrentar a sus superiores, y firmaron la famosa nota en la que denunciaron la violación de las políticas crediticias del Directorio, y que -como sabemos- desembocó en la renuncia del entonces Presidente, hoy imputado, Jorge Barcia. Pero ya era tarde. El “corralito financiero” sólo vino a acelerar una debacle provocada e inexorable. Más temprano que tarde, a ese ritmo de vaciamiento financiero obsceno, el banco desaparecería. Que quede bien claro: la crisis del 2002 jugó un papel importante, pero la mayoría de los que están sentados hoy aquí también fueron grandes responsables de que el Banco del Chubut, sus empleados, nuestros ahorros, y los fondos de nuestra Provincia, quedaran al borde literal del abismo: Este juicio ha sido histórico. No sólo por su magnitud, sino por su proyección. De nada sirve todo el esfuerzo realizado hasta aquí, si este juicio no sirve para marcar un antes y un después. Que las generaciones que nos sucedan no vuelvan a vivir hechos similares. Y con estas palabras de cierre, no queremos faltar el respeto a la memoria de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. La administración fraudulenta de un banco, por millonaria que sea, nunca se podrá comparar con el dolor inmediato e irreversible que provoca la pérdida de seres humanos en manos de un Estado ilegal. Pero los millones de pesos que se han esfumado en los hechos que fueron objeto de este juicio, afectaron a miles de personas de nuestra Provincia en su vida cotidiana. No sólo se tradujeron en el cierre casi definitivo del banco y en la pérdida inmediata de las fuentes de trabajo, sino que se proyectaron a toda la sociedad: fueron menos remedios para nuestros ancianos, menos pupitres para nuestros niños, menos viviendas para nuestras familias, menos esperanza para nuestras generaciones presentes y futuras. Señores jueces, esto no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Como representantes de la comunidad en el ejercicio de la acción penal, sabemos que en este momento somos la voz de muchos de los “sin voz”, de esos mismos que se quedaron afuera de esta fiesta para unos pocos, pero que confían en que el Poder Judicial pondrá las cosas en su lugar. El tribunal se encuentra ante la oportunidad histórica de dictar una sentencia también histórica.

Por ello, y como dijera el fiscal Strassera en el histórico juicio a las Juntas Militares, 24 años después queremos volver a utilizar una frase que no nos pertenece, “porque pertenece ya a todo el pueblo argentino... Señores jueces: ‘Nunca más’ ”.