Una compleja situación se presentó en la audiencia de revisión, donde se evaluaba la situación de quien está imputado por caso de violencia familiar y de género, alcanzando notoriedad pública, a partir de reiterados hechos y violaciones a las diferentes medidas impuestas desde el ámbito familiar y penal.

  El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Omar Rodríguez informó de los pasos que se fueron dando, de acuerdo a las resoluciones tomadas oportunamente, habiéndose efectuado los exámenes médicos, donde se determina detalladamente la problemática de adicción al alcohol y la necesidad de internación para su tratamiento en un centro de adicciones, considerándose al CADES como adecuado para hacer efectivo el mismo.

  El propio fiscal relató haber estado en contacto con directivos del centro aludido, donde se efectuó una entrevista personal con el afectado, resultando positiva para ser aceptado, aunque restan los análisis bioquímicos correspondientes. Además, consideró que el centro de día, del área adicciones de salud pública, debería efectuar los trámites pertinentes para costear el tratamiento.

  En ese punto se presentó el escollo principal, ya que convocada la licenciada Agustina Momo, asistente social, indicó las gestiones realizadas ante el área de adicciones y salud mental del hospital zonal de Trelew, comunicando que recién el 9 de abril se le daba turno para llevar adelante los estudios correspondientes, de los cuales surgiría la autorización para su internación en el CADES, mas allá de haber puesto de manifiesto a las autoridades acerca de la premura necesitada para este caso, mas a sabiendas que hay una persona privada de su libertad.

  Por iniciativa del fiscal, con acuerdo del defensor Damián Dantonio y la autorización de la jueza, Ivana González, se convocó en forma inmediata a directivos de salud mental y del centro de día, acudiendo Nora Soria, coordinadora de este último, quien puso al tanto de las formas en que se debe proceder. Se le explicó la urgencia necesaria para activar este caso en particular y se aportó el informe del cuerpo médico forense de Puerto Madryn, para que a partir de allí se puedan salvar los obstáculos burocráticos.

  Esos trámites y el turno previsto recién para el 9 de abril complican la situación del acusado, quien se encuentra detenido y con necesidad de tratamiento. Si bien, la coordinadora del centro de día manifestó voluntad para efectuar algunos procedimientos necesarios, no todo depende de ella para la derivación definitiva, que finalmente autorice el pago del tratamiento adecuado.

   El Ministerio Público Fiscal solicitó la internación de esta persona con guardia policial, a lo que accedió la doctora González, destacando la diligencia y predisposición de las partes y de la directiva del centro. Ordenó se oficie a la subsecretaría de salud pública un oficio con informe y copia de audios de la audiencia, además del dictámen del cuerpo médico forense, con el fin que arbitre los medios y asuma los costos que corresponden al Estado sin mas dilaciones.

  Por otro lado, del mismo modo se envió nota al centro de salud para la realización de todos los análisis necesarios requeridos por el CADES para garantizar el acceso al tratamiento aconsejado por los médicos.