En la tercera jornada del juicio oral y público en la causa “Ñoquis Calientes” siguieron declarando testigos aportados por los fiscales que llevaron adelante la investigación que intenta probar cómo se destinaban fondos públicos para el pago de contrato a asesores de la ex ministra de familia y ex diputado provincial Cecilia Torres Otarola, sin la realización de contraprestación alguna.

Además de la ex funcionarias están imputadas otras seis personas, la mayoría con residencia en la Capital Federal y ahora presentes en la Oficina Judicial de Rawson, donde desde el martes pasado se realiza el juicio en contra de ellos.

El primero en declarar fue el abogado Guillermo Lojo, que lo hizo por el sistema de video conferencia desde su domicilio. El profesional dio cuenta sobre sus responsabilidades en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló, donde hasta hace poco tiempo atrás realizaba labores. La investigación fiscal estuvo centrada en la certificación que el testigo envió desde esa casa de estudios en la Capital Federal, desde donde se certificó que el imputado Branco Rodera Neira cursaba la carrera de medicina en el tiempo en que estaba contratado como asesor en la Legislatura Provincial. “La carrera de medicina es presencial, con una obligación de presentismo del 80%”, dijo el testigo.

Neira Rodera es asistidó por la defensora particular Florencia Barba. Está imputado del delito de “fraude a la administración pública en la calidad de partícipe primario” con una posible pena de dos años de prisión en caso de ser hallado culpable como corolario del juicio.

El Tribunal está presidido por la jueza Marcela Pérez Bogado, acompañada por los vocales José Ennis y Carlos Richieri.

En el caso, Torres Otarola es la principal acusada en la causa, pero además están imputadas otras seis personas. Se trata de Miguel Ángel Reto Trelles, Silvana Daniel Cañumil, Branco Rodera Neira, Jaquelina Rodera, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera, todos contratados como asesores por la ex funcionaria.

A Torres Otarola, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.