La fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, pidieron al Tribunal Mixto que declare al acusado, penalmente responsable de los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La defensa procuró cuestionar cada prueba para sostener su pedido de absolución. Esta tarde se conocerá el veredicto.
Bottini inició su alegato recordando al tribunal que al inicio del debate, la Fiscalía prometió que probaría que el imputado, Juan Emilio Llaipen, extorsionó al joven víctima, que estaba detenido en ese momento en la Comisaría Primera de Esquel. “Que lo obligó mediante el uso de violencia, de tipo psicológica, lo amenazó, le dijo que tenía que firmar o firmar un 08, que sino firmaba iba a quedar más preso, y que lo iban a pasar a un pabellón con todos los detenidos, entre otras palabras intimidantes”, sostuvo Bottini. Agregó que, además, se sacó el arma reglamentaria a la vista del detenido, dentro del calabozo, a fin de infundirle temor. “Claramente eso fue para que firmara obligado un 08 de una camioneta Toyota de su propiedad”.
El damnificado declaró que estuvo unas horas detenido en la Comisaría Primera antes de ser trasladado a la Segunda. En ese ínterin, Llaipen fue al calabozo, ingresó con el arma, tal como se ve en una filmación aportada por la Fiscalía en el juicio, permanece por 4 minutos ahí, delante de detenido y en el calabozo le entrega el arma al cabo de policía que lo acompañó. Luego se quedó a solas con el detenido durante cinco minutos, en ese lapso plantea la Fiscalía que es cuando “lo amenaza e intimida para que firme un 08. De otro modo no lo hubiera firmado”, indicó Bottini citando dichos de testigos que sostuvieron que “por las buenas no lo iba a firmar”.
Luego de analizar pormenorizadamente la prueba y de rebatir la estrategia de la defensa, la Fiscalía concluyó invitando “a los jueces técnicos y a los jueces ciudadanos, a que interpreten los hechos y la prueba, conforme a lo que se vio, y con una mirada que rechace los actos corruptos como éste de los funcionarios públicos. Porque esto va mucho más allá de un caso aislado, esto tiene que ver con los valores que queremos transmitir como sociedad”.
