Audiencia de control de detención y apertura por amenazas y resistencia a la autoridad
La mañana del lunes se desarrolló en sede de los tribunales penales ordinarios la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho acontecido el pasado 12 de febrero del presente año a las 12:00 horas que tiene como imputado a Roberto Ezequiel Vázquez y como víctima a su esposa y al estado provincial. Al concluir el acto se declaró legal la detención y se formalizó la apertura de investigación preparatoria del hecho.
Presidió el acto Alejandro Soñis, juez penal, por el Ministerio Público Fiscal asistió Silvia Chaura, funcionaria de fiscalía, en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Matilde Cerezo, defensora pública.
El hecho investigado aconteció el pasado 12 de febrero del presente año, a las 12: 00 hs. cuando el imputado en evidente estado de ebriedad intenta ingresar al domicilio de su concubina, golpeando la ventana con violencia y profiriendo amenazas contra ella. La víctima da aviso a personal policial quiénes arriban al lugar y se encuentran con una férrea resistencia del imputado a ser detenido. Calificando provisoriamente el hecho como "amenazas y resistencia a la autoridad" en calidad de autor para Vázquez.
Por su parte la defensa no opuso objeción ni al hecho, ni a la calificación legal, mencionando las lesiones que a simple vista mostraba el rostro del imputado.
La funcionaria a su vez solicitó se declare legal la detención, ya que fue realizada en flagrancia; como también una medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado a la víctima y sus hijos por el término de dos meses. Como también el término de ley, seis meses, para concluir con la investigación.
En tanto que la defensora calificó la medida cautelar como "excesiva" y solicitó que esa medida sea analizada por un juzgado de familia.
Finalmente el juez penal resolvió declarar legal la detención del imputado, ya que fue realizada en flagrancia, formalizando la apertura de investigación preparatoria del hecho por el término de seis meses. Decretando finalmente la prohibición de acercamiento por el término de un mes y remitiendo las actuaciones al juzgado de familia.
