Preliminar por asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV local
A lo largo de la mañana del miércoles se llevó a cabo en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia preliminar en la causa conocida como IPV local. La fiscal solicitó se eleve la causa a juicio oral y público en contra de los coimputados a Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde. Por su parte el defensor de Antimilla, Medina Consoli, Caro, Oñieva y Recalde solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para ellos; el defensor de Reyna y Leonori, requirió se reprograme la audiencia respecto al primero y la suspensión de juicio a prueba para la segunda. Por último el defensor de Acosta no se opuso a la plataforma fáctica y la calificación legal escogida por la fiscal en su acusación.
Respecto del ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba propuesto por uno de los defensores la fiscal argumentó que Oñieva, Recalde y Caro estaban en condiciones de acceder al beneficio ya que no revisten calidad de funcionarios públicos y no se han apropiado indebidamente de vivienda alguna. Distinta es la situación de Medina Consoli y Antimilla que continúan usufructuando viviendas mal habidas. Solicitando la fiscal que el plazo de suspensión sea por dos años.
Respecto del imputado Reyna refirió que se está viendo la posibilidad de realizar un juicio abreviado.
Finalmente la jueza penal resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para Antimilla, Consoli Medina y Leonori; y hacer lugar a la probation para Onieva, Recalde y Caro por el término de dos años. Este rechazo fue impugnado por la defensa ante la Cámara Penal, y por ello la jueza resolvió suspender la presente audiencia para que se trate dicho recurso, es decir si la Cámara confirma o rechaza su resolución.
Entrega irregular de viviendas:
El hecho a investigar se produce cuando los imputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados viviendas del IPVyDU. Asimismo obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barro Ciudadela. Realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local. Asimismo Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.
El acto fue presidido por Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; la defensa de Reyna y Leonori estuvo ejercida por Guillermo Iglesias; la de Acosta por Francisco Miguel Romero; y la del resto de los imputados por Esteban Mantecón y Lilian Borquez.
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