El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifiestan su más enérgico repudio a las amenazas de las que fueron objeto los y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) DE LA Provincia de Santa Fe.

Tenemos la absoluta convicción que acciones de amedrentamiento como las presentes, no solo no logran su objetivo, sino que se erigen en la piedra de toque que impulsa a los integrantes del Ministerio Público a redoblar esfuerzos en la persecución penal de estos grupos de delincuentes.

Desde ya deseamos expresar nuestra absoluta e incondicional solidaridad, apoyo y acompañamiento a las labores que desarrollan las fiscalías santafesinas en el marco de la investigación de la actividad delictiva y, fundamentalmente, de las organizaciones criminales que operan en la provincia de Santa Fe.

Con el mismo énfasis, solicitamos públicamente a las autoridades de los tres poderes del Estado santafesino que se comprometan y protejan a quienes valientemente luchan por desarticular el delito organizado en la provincia. La seguridad no constituye un segmento aislado que atañe solo a un sector de la población. Es el eje sobre el que descansa la paz, el orden y el progreso de una sociedad, y por ende, cimienta un aspecto que es responsabilidad de todos.

Es en este entendimiento que requerimos de todos los estamentos del gobierno santafesino, un verdadero y explícito compromiso, garantizando a quienes resultan actores primordiales de esta lucha contra el crimen organizado, la seguridad de que el sistema procesal penal puesto en marcha en el año 2014, se ejecute con absoluta independencia y sin interferencias de nigún sector.