Los días 23 y 24 de noviembre pasados se llevaron a cabo en Tucumán las Jornadas de debate organizadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), en el marco de la reforma penal. Por nuestra provincia participaron la fiscal general Silvia Pereira, la diputada Elva Willhuber, y Alejandra Tolosa, representante deL INADI. Las conclusiones serán remitidas a la Comisión Reformadora de la Corte.

Con el objetivo de reflexionar sobre las figuras penales comprendidas en el capítulo sobre delitos contra la integridad sexual incorporando la perspectiva de género, se discutieron aportes concretos que posteriormente serán enviados a la comisión que trabaja en la reforma del Código Penal de nuestro país. El paradigma a la luz del que se articularon las discusiones está dado por los avances realizados en esta materia desde las ciencias sociales y particularmente las jurídicas.

Los panelistas expusieron sobre integridad o libertad sexual como bien jurídico a proteger y el ejercicio de la acción penal en los delitos sexuales. Luego los asistentes, funcionarios de los tres poderes del Estado y profesionales del derecho, trabajaron en comisiones a cerca de la fundamentación para modificar el Código Penal en lo relativo a trata de personas, tipos penales y ejercicio de la acción pública.

Así entre las conclusiones aparecen propuestas como la de suprimir la denominación “simple” en relación al abuso sexual porque tiende a minimizar el daño causado en la víctima, la de agregar como delito autónomo o como agravante la figura de la violación dentro del matrimonio, las relaciones de hecho y en las relaciones en noviazgo, definir a la violación como una “invasión en el cuerpo de una persona hacia otra con connotación sexual sea por cualquier miembro u objeto” siguiendo la definición yugoeslava, entre otras.

Delito de trata

El objetivo fundamental de la incorporación del delito de trata de personas en el Código Penal pretende apuntar a la visibilización de esta práctica. Los participantes plantearon que en nuestra sociedad no se cuestiona la prostitución sino que está legitimada con fuertes anclajes tradicionales y costumbres, viendo “a los hombres como ‘clientes’ con derecho a pagar por sexo alentados por una supuesta ‘oferta’ que oculta y enmascara el rol protagónico de la demanda”. También se sostuvo que “los discursos patriarcales colocan a las mujeres como objetos al servicio del placer masculino, enmascarada como una relación contractual ente sujetos supuestamente iguales, una ficción que sólo tiene el efecto de naturalizar y reproducir las prácticas prostituyentes y anular cualquier planteo ético…”

El alerta respecto del delito de trata de personas va de la mano de su posicionamiento en relación a las actividades del crimen organizado internacional, situándose en el segundo puesto, muy cerca del primero ocupado por el tráfico de drogas y seguida por el tráfico ilegal de armas.

La acción penal

La Dra. Silvia Pereira participó de la comisión de tipos penales, aportando también a la de ejercicio de la acción penal pública. En esta última se trató de dar relevancia a la figura de la víctima en lo que hace a su derecho de ejercer la querella según lo establecido por las leyes procesales aplicables, agregando que en ese caso el Ministerio Público Fiscal deberá poner a disposición de esta los mecanismos de investigación de los que dispone.

Otra interesante iniciativa propone que “en los casos de los delitos regulados bajo el Título de Delitos contra la libertad sexual y/o que impliquen violencia de genero o violencia contra niñas niños y adolescentes, u otros en los que el Estado haya asumido el compromiso internacional de prevenir investigar y sancionar, tendrán derecho a ejercer la acción penal pública, con consentimiento expreso de la víctima, las Asociaciones y/u Organizaciones de la sociedad civil cuyo fin constitutivo y/o estatutario tenga por objeto prioritario la prevención y/o erradicación de la discriminación y/o violencia de género”.

Los organizadores

CLADEM es una organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca aportar a la transformación social y a la construcción de democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres.